La jueza Karina Andrade, responsable de liberar a 114 detenidos tras los disturbios en el Congreso de la Nación durante la movilización por los jubilados, ha sido objeto de duras críticas tanto del gobierno nacional como de la sociedad. Su resolución de excarcelar a los detenidos, muchos de los cuales tenían antecedentes penales graves, ha abierto un intenso debate sobre la aplicación de la ley y los derechos constitucionales en Argentina.
La jueza penal defendió su resolución y aseguró que no analizó los antecedentes penales de los sospechosos porque, en esa instancia, sólo correspondía verificar si tenían vigente algún pedido de captura.
Andrade, que fue criticada por el gobierno nacional, aseguró en diálogo con la periodista María O'Donnell en Urbana Play: "No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse".
La jueza sostuvo, además, que la Policía no entregó información precisa sobre las detenciones y señaló a la Fiscalía, porque no entregó pruebas ni pidió medidas en la causa en el marco de una causa que rige bajo el sistema acusatorio.
Un acto de priorizar derechos
La jueza Karina Andrade defendió su decisión en una entrevista con la periodista María O'Donnell, afirmando que no se trató de una resolución errónea, sino de un acto enmarcado en la protección de los derechos constitucionales, en particular el derecho a manifestarse. Según Andrade, en la fase inicial del proceso, su función no era analizar los antecedentes penales de los detenidos, sino verificar si existían pedidos de captura vigentes. "Mi función era el control de legalidad, asegurando que se respetaran los derechos constitucionales", explicó la magistrada.
Críticas del Gobierno nacional
El gobierno nacional ha reaccionado con fuerza ante la decisión de la jueza. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó su preocupación, señalando que la liberación de los detenidos en un tiempo récord dificultaba la lucha contra la violencia organizada. "Si se detienen a 130 o 140 personas y en pocas horas una jueza decide liberarlas, es muy difícil combatir la violencia", comentó Francos. La crítica se centra en la percepción de que la ley no fue aplicada con suficiente dureza, lo que podría dar un mensaje equivocado sobre la tolerancia hacia los actos de violencia.
Además, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, declaró que más de la mitad de los detenidos tenían antecedentes penales graves. Este dato generó aún más controversia, ya que se cuestiona si las personas con antecedentes penales deberían haber sido liberadas tan rápidamente.
El derecho a la protesta
A pesar de las críticas, la jueza Andrade subrayó que su decisión fue tomada dentro de un marco constitucional, considerando que la manifestación estaba protegida por la Constitución Nacional. "Lo que importa en el control de la detención es el pedido de captura, no los antecedentes", enfatizó la magistrada. Andrade insistió en que, en ese momento, no recibió la información necesaria para tomar una decisión más informada, lo que la llevó a liberar a los detenidos, a excepción de aquellos que portaban armas.
Una decisión en debate
La decisión de Andrade ha dividido la opinión pública y política. Si bien se entiende el enfoque en priorizar los derechos constitucionales, la rápida liberación de los detenidos ha dejado una sensación de impunidad, especialmente cuando algunos de los manifestantes involucrados tenían armas o antecedentes penales. La jueza admitió que, de haber contado con más información, podría haber tomado decisiones diferentes.
El fallo de Andrade también refleja la tensión entre la necesidad de proteger el derecho a la protesta y la obligación de garantizar el orden público. Mientras que la protesta social es un derecho fundamental, la violencia y el desorden en las manifestaciones plantean un desafío en cuanto a cómo la justicia debe abordar estos casos.
El Consejo de la Magistratura y las implicaciones políticas
El gobierno nacional no se ha quedado de brazos cruzados. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que se presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires por el posible incumplimiento de funciones de la jueza Andrade. Este paso puede abrir una nueva etapa en la controversia, con implicaciones tanto judiciales como políticas para la magistrada.
La resolución de la jueza Karina Andrade ha puesto en el centro del debate el equilibrio entre los derechos fundamentales de los ciudadanos y la necesidad de mantener el orden público. La decisión de liberar a los detenidos en los disturbios del Congreso ha generado una fuerte polarización en la sociedad, con argumentos a favor y en contra de su interpretación de la ley.
En este contexto, es esencial que el sistema judicial de Argentina actúe con transparencia, proporcionando la información necesaria para garantizar que se respeten tanto los derechos constitucionales como la seguridad pública. La situación también pone en evidencia la importancia de contar con protocolos claros y efectivos para gestionar las detenciones durante manifestaciones violentas, a fin de evitar que se repitan situaciones de impunidad que puedan socavar la confianza en el sistema judicial.
