La operación se concretó tras años de gestiones diplomáticas y controles sanitarios, y se dio en un contexto de tensión comercial con Estados Unidos
China aprobó por primera vez la compra de harina de soja procedente de Argentina, en una decisión que involucró una negociación prolongada entre ambos gobiernos y que implicó cambios en los requisitos fitosanitarios exigidos por el país asiático. El embarque, que formó parte de una importación de prueba, posicionó a la Argentina como nuevo proveedor en uno de los mercados más grandes del mundo.
El acuerdo se produjo luego de más de dos décadas de exportaciones argentinas de poroto de soja sin procesar al mercado chino, sin que se habilitara la venta de derivados industriales como la harina. Esta operación inicial se interpretó como una señal de apertura del gigante asiático, en un contexto de crecientes tensiones con su principal proveedor de subproductos de soja, Estados Unidos.
Según fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura, el ingreso del primer cargamento se concretó luego de que China aprobara los protocolos de inspección y cuarentena requeridos para la harina de soja desactivada argentina. Este producto representa el mayor volumen de exportación industrial del país y es una de las principales fuentes de ingreso de divisas.
El proceso para lograr esta apertura involucró múltiples instancias técnicas, auditorías y visitas sanitarias por parte de funcionarios chinos a plantas procesadoras argentinas, especialmente en zonas del Gran Rosario, el principal polo agroexportador del país.
El cargamento que se exportó se trató de una compra piloto, autorizada con fines de verificación de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria. El volumen de la exportación fue limitado, pero suficiente para permitir a las autoridades chinas evaluar el cumplimiento de sus normativas internas.
El comprador fue un grupo empresario chino, cuya identidad no trascendió, que acordó con una firma aceitera argentina el envío del producto desde uno de los puertos fluviales del Gran Rosario, en la provincia de Santa Fe. Se trató de una operación pactada bajo condiciones sanitarias estrictas y con seguimiento técnico binacional.
De acuerdo con lo informado por autoridades argentinas, esta habilitación se logró tras un largo camino diplomático, iniciado en 2017, que incluyó múltiples negociaciones, propuestas de protocolo, auditorías virtuales y presenciales, y visitas de comitivas técnicas chinas. La última auditoría, realizada a fines de 2023, fue clave para destrabar la aprobación oficial.
