El escenario judicial de los tribunales de Comodoro Py ha registrado un movimiento institucional significativo en una de las causas que más sensibilidad despierta en la opinión pública por el sector que afecta. El juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal 7, ha sido designado formalmente para quedar al frente del expediente que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con esta asunción, Lijo toma la responsabilidad de profundizar en una compleja trama de irregularidades administrativas que involucra al exfuncionario Diego Spagnuolo y a un grupo de colaboradores vinculados directamente al espacio libertario.
Esta designación responde a la dinámica técnica del Poder Judicial y a la organización de las subrogancias en los tribunales federales. La causa se tramita originalmente en el Juzgado Federal 11, tribunal que permanece vacante desde el fallecimiento del juez Claudio Bonadio. Hasta hace pocos días, dicha judicatura era ocupada por el magistrado Sebastián Casanello, quien desempeñaba la subrogancia desde el año pasado. Sin embargo, tras la decisión de Casanello de informar a la Cámara Federal que no solicitaría una prórroga para continuar en dicho juzgado, se procedió a realizar un sorteo reglamentario para definir al nuevo juez interviniente, resultando Lijo el magistrado seleccionado para continuar el proceso.
El expediente que ahora custodia Ariel Lijo se centra en una estructura presuntamente diseñada para el desvío de fondos y la obtención de beneficios ilícitos mediante el uso de la estructura estatal. La investigación ha avanzado con paso firme bajo la gestión anterior, logrando que hasta el momento se hayan dictado 19 procesamientos. Este dato denota que la justicia ya cuenta con un cuerpo de evidencia considerable sobre la existencia de maniobras irregulares dentro de la ANDIS, centradas principalmente en la gestión de sus máximas autoridades y su periferia operativa.
Entre los imputados que deberán responder ante el Juzgado Federal 11 se encuentra Diego Spagnuolo, junto a otros nombres que la justicia considera piezas clave en la maniobra investigada. La lista de procesados incluye a Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella Calvete, además de Pablo Atchabahian. Todos ellos permanecen sujetos a la investigación judicial por su presunta participación en una red de funcionarios y civiles que habrían coordinado sus acciones para vulnerar los controles del organismo descentralizado y perjudicar al erario público.
Tipificación de delitos y el futuro del proceso
La gravedad de la causa radica en la multiplicidad de figuras penales que se les atribuyen a los procesados, las cuales describen un accionar sistemático contra la transparencia pública. La justicia investiga delitos de extrema gravedad como cohecho activo y fraude al Estado, sumado a las figuras de asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. Estos cargos sugieren que no se trató de hechos aislados, sino de un plan organizado para cometer delitos de manera sostenida, aprovechando las facultades que otorga el manejo de una agencia nacional tan sensible para la asistencia social.
Con la asunción de Ariel Lijo, el expediente entra en una etapa crítica de definiciones procesales. El nuevo magistrado deberá evaluar los elementos recolectados hasta la fecha y decidir el curso de las próximas diligencias en un caso que ya cuenta con un volumen documental y de testimonios muy elevado. Mientras tanto, el foco político y social permanece sobre el Juzgado Federal 11, a la espera de que la causa avance hacia la etapa de juicio oral, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad de los exfuncionarios del espacio libertario que se encuentran bajo la lupa de la ley federal.
