La propuesta del oficialismo incluye cambios en el RIGI, la reforma laboral, la reforma del Estado y el blanqueo de capitales. Esos serían las modificaciones acordadas, es decir las que el gobierno se compromete a no intentar dar vuelta cuando el proyecto vuelva a Diputados. Es un punto clave: Martín Menem y Karina Milei ya están trabajando en defender la versión original de la Ley Bases y el paquete fiscal, buscando asegurarse una mayoría que revierta los cambios no deseados que surjan de la cámara más arisca (el Senado). Por lo que cualquier acuerdo que Edgardo Kueider, Lousteau, Pablo Blanco o Tagliaferri - o cualquiera de los indecisos - arriben con el gobierno implica que este se comprometa a no traicionarlos.
En el caso del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones - el alma de la Ley Bases - el gobierno modificó la redacción del artículo 163 que volvía irrelevante que las provincias se adhirieran o no al régimen (ya que anulaba cualquier normativa provincial que fuera contra el régimen, afectando la autonomía de las provincias). Concedió también incluir una salvaguarda a la industria local frente a la apertura de importaciones que el régimen habilita para los proveedores de las empresas que inviertan. Estos cambios responden a las demandas que habían recibido del radicalismo, fuerzas provinciales e, incluso, de centrales industriales, pero no termina de satisfacer a todos los senadores. El entrerriano Kueider, por ejemplo, solicitó remover todo el capítulo de la Ley Bases para tratarlo por separado. Lousteau, por otro lado, había planteado muchas más objeciones y se desconoce si aceptará solo esos cambios.
La reforma laboral, que elimina las multas por trabajo no registrado y amplía el período de prueba, también incluirá una bandera que el radicalismo viene sosteniendo desde Diputados: el avance contra las cuotas solidarias de los sindicatos. Si bien no termina de eliminar la obligatoriedad - como exigía la UCR -, el gobierno incluye un artículo que la limita. También incluye el bloqueo de empresas como causal de despido.
En el caso del capítulo de delegación de facultades, el gobierno accedió a ampliar el listado de organismos que podrían no ser eliminados por Milei. Se incluirá el Banco Nacional de Datos Genéticos y el INTI. Este listado - que incluye otros organismos públicos, como el CONICET, el INCAA o el Malbrán - solo blinda a estos institutos de ser suprimidos, sin embargo el Ejecutivo todavía puede eliminar sus competencias o reorganizar su estructura interna (despidos).
El gobierno no incluyó, en cambio, los dos grandes reclamos de los gobernadores patagónicos: la reversión de Ganancias y las privatizaciones. En el primer caso, los patagónicos reclamaban un aumento del piso del 22 por ciento - ya que, al ser zona desfavorable, el costo de vida es más alto y, por lo tanto, también los sueldos - y las negociaciones venían bien encaminadas, pero la semana pasada Milei le bajó el pulgar. En el caso de que no haya ningún cambio, la modificación de Ganancias se caerá fácilmente en el recinto: los 33 senadores de UxP votarán en contra, así como también los nueve patagónicos. El desafío, sin embargo, será llegar a los dos tercios para blindar el rechazo de la revisión de la Cámara de Diputados.
El mismo escenario se repite con la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Los patagónicos no quieren saber nada con estas tres privatizaciones y de no haber alguna diferenciación en el dictamen - separando los anexos de las empresas públicas a privatizar, por ejemplo - el oficialismo se arriesga a que se le caiga todo el capítulo de privatizaciones.
