Entre los argumentos de su presentación, la Universidad de Buenos Aires citó un dictamen del hoy presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, cuando era Procurador del Tesoro para defender la autonomía y el control solo por parte de la AGN
La pelea entre el Gobierno Nacional y las universidades nacionales por el control de las auditorías ya está en la Justicia. La UBA impulsó una acción declarativa de certeza y una medida cautelar para que frene el avance de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre su funcionamiento. La demanda sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo es “inconstitucional”, atenta contra “el principio de división de poderes” y vulnera “la autarquía y autonomía” de esa casa de estudios.
Apenas ingresó la demanda en tribunales, la causa recayó en el juzgado federal 4 del fuero en lo contencioso administrativo, a cargo de Rita Ailan. Pero la UBA decidió recusarla sin causa, una bala de plata prevista en el proceso que tienen las partes para usar una sola vez y en donde no hay que dar explicaciones de por qué. Ahora, se sorteará un nuevo magistrado.
La decisión de avanzar en los tribunales había sido tomada por la UBA en una reunión del Consejo Superior. Fue el vocero del Ejecutivo, Manuel Adorni, quien lo publicó en sus redes sociales. El presidente Javier Milei redobló públicamente sus cuestionamientos por la supuesta falta de transparencia en las cuentas de la alta casa de estudios, señaló que “se esconden detrás de esas carteras nobles de la sociedad para esconder sus curros” y aseguró: “Los chorros no van a tener paz en Argentina”-
A lo largo de más de 60 páginas, el rector de la UBA Ricardo Jorge Gelpi, a través del abogado Sergio Pascale, desplegó los argumentos -algunos ya hechos públicos- para rechazar la intervención de la SIGEN en los controles de la universidad. Y un detalle: citó un dictamen de Horacio Rosatti, hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando en 2004, como Procurador del Tesoro de la Nación, habló de la autonomía de las universidades.
“No es procedente la intervención del Procurador del Tesoro de la Nación como mediador en los conflictos que puedan plantearse entre esas instituciones y organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Nacional” había dicho Rosatti en aquel entonces. Y en su justificación subrayó que las universidades “no son organismos a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, ni dependen de él, ni integran la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada -en su forma genuina-”. No fue una cita inocente: no solo por el rol que ocupa hoy Rosatti sino porque fue el actual jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra, fue quien devolvió a la SIGEN la capacidad de auditar las universidades, al revocar un dictamen anterior de su predecesor, Carlos Zannini, que había impedido a ese organismo el control a las casas de estudios.
