La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que recurrirá a la Justicia para que el Poder Ejecutivo Nacional implemente de manera efectiva la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, aprobada por el Congreso pero cuya aplicación fue postergada por el Gobierno. La medida fue aprobada por resolución unánime del Consejo Superior de la universidad.
Según detalló la casa de altos estudios, la postergación de la ley altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido por la Constitución y vulnera derechos fundamentales, al impedir que el sistema universitario reciba los recursos presupuestarios necesarios. La resolución enfatiza que la suspensión material de la norma afecta no solo a la UBA, sino también a todas las universidades nacionales del país, incluyendo aquellas con sede en provincias como Catamarca, y limita el acceso a fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.
La UBA advirtió que el sistema universitario enfrenta actualmente una crisis presupuestaria sin precedentes. Las prórrogas del presupuesto de 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación, y durante 2024 los salarios de docentes y no docentes sufrieron una pérdida de poder adquisitivo superior al 40%. Durante 2025, la recomposición salarial ha sido inferior a la inflación oficial, profundizando la situación crítica.
El Consejo Superior señaló que la ley fue aprobada y reafirmada por ambas cámaras del Congreso con el objetivo de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial del personal. La UBA advirtió que su no aplicación arbitraria profundiza la crisis y constituye un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de la sociedad: la educación pública argentina.
