El gobierno del presidente Javier Milei planea presentar en el Congreso una propuesta para "la eliminación de todo el financiamiento estatal a los partidos políticos", según adelantó una alta fuente de la Casa Rosada. La intención del Poder Ejecutivo es "avanzar hacia un modelo como el norteamericano", donde, al igual que en Estados Unidos, los seguidores de cada partido sean quienes aporten con sus propios recursos para mantener la estructura partidaria.
En el entorno del presidente, se considera este paso como fundamental "para transparentar los gastos de la política" y alinearlo con "la batalla contra las castas que llevamos adelante". Las autoridades contemplan incluir esta propuesta en el marco del debate del presupuesto para 2025 en el Parlamento, aunque se espera que genere un amplio debate entre los legisladores. En medios oficiales se especula que, como carta de negociación, el recorte a las partidas para los partidos políticos podría destinarse a reforzar el presupuesto universitario.
Previamente, el Ejecutivo había manifestado su intención de eliminar las PASO (las del año pasado costaron 10.618 millones de pesos). No obstante, días atrás, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció en declaraciones radiales que "no nos dan los números" necesarios en el Congreso para eliminar las primarias de cara al próximo año.
Desde el ámbito gubernamental aseguran que "las conversaciones por el presupuesto marchan bien" y confían en su aprobación final. En cuanto a las jubilaciones, el Ejecutivo continúa rechazando la recomposición del 8% propuesta por otras fuerzas, aunque también han señalado que "podría analizarse en el contexto de dar una suma por única vez". Las fuentes oficiales sostienen que "todo está en la mesa de negociación" y que el enfoque oficial se basa en que "las partidas se pueden eliminar, disminuir, modificar, pero nunca comprometer el equilibrio".
En el presupuesto aprobado más reciente, correspondiente al año 2023, el Ministerio del Interior recibió una partida de 48.500 millones de pesos, equivalentes a unos 164 millones de dólares según el tipo de cambio oficial de ese momento, destinada al Impulso al Desarrollo Democrático y Relaciones con la Comunidad.
Actualmente, los partidos políticos cuentan con dos fuentes de financiamiento para su desarrollo institucional y actividades: el sector público, a través de un aporte regular del Estado Nacional, y el sector privado, mediante los fondos de afiliados, donaciones y otras actividades permitidas por la ley.
La ley 26.215 (de Financiamiento de los Partidos Políticos) establece que el Estado nacional debe distribuir fondos equitativamente entre todas las alianzas para la impresión de boletas. En cuanto a las actividades de campaña, los fondos públicos se distribuyen de manera que la mitad se reparte de forma igualitaria entre todos los frentes, y la otra mitad se asigna según los votos obtenidos en la última elección de la misma categoría, según reporta el sitio Chequeado.
La segunda fuente de financiamiento es privada y proviene de afiliados, donaciones u otras actividades con limitaciones legales. Entre estas restricciones, los partidos no pueden recibir donaciones anónimas ni contribuciones de entidades nacionales, provinciales, binacionales, multilaterales, municipales, ni de empresas concesionarias, permisionarios de servicios u obras públicas, o proveedores del Estado en sus distintos niveles.
La Cámara Nacional Electoral cuenta con una plataforma pública donde se registran todos los aportes declarados. Sin embargo, especialistas advierten que en la práctica una parte significativa de los gastos de campaña procede de aportes informales, tanto en efectivo como en especie (como el préstamo de un estadio para un acto), que no aparecen en los informes que se presentan ante la Justicia electoral.
