El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció que el Gobierno nacional avanza en un "proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento" en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), a partir de un nuevo organigrama impulsado bajo los lineamientos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La advertencia se produce pese a que el Congreso rechazó el año pasado el decreto 461/2025, que disponía la disolución de la DNV, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

El gremio se declaró en "estado de alerta máxima" y sostuvo que, según un informe interno, el organismo atraviesa un proceso de "reorientación institucional" que implicaría abandonar la ejecución de obras y tareas operativas para reconvertirse en un ente limitado a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.

"Retiro explícito del Estado"

Desde el sindicato advirtieron que el Estado dejaría de construir, mantener y conservar rutas nacionales, lo que —según señalaron— implicaría un "retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales", con impacto directo en millones de usuarios.

En ese marco, elevaron una intimación formal a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que se abstengan de impulsar medidas que tiendan a la "disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición" del organismo.

El documento sostiene que este tipo de decisiones serían contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio y al mandato constitucional de integración territorial y desarrollo federal, además de generar consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial.

El gremio también advirtió que hará responsables a los funcionarios por eventuales consecuencias institucionales, laborales y patrimoniales, y evalúa acciones administrativas, sindicales y judiciales.

Críticas al Gobierno

La secretaria general del STVyARA, Graciela Aleñá, afirmó que el caso demuestra una "violación" de la división de poderes y cuestionó que el Ejecutivo avance mediante modificaciones administrativas luego del rechazo legislativo.

En paralelo, días atrás el Gobierno abrió la licitación para privatizar rutas nacionales, lo que incrementó la preocupación sindical sobre el futuro del organismo.

Por el momento, desde el Ejecutivo no hubo una respuesta oficial a los planteos del gremio.

 
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