La oposición espera rechazar este martes en la Cámara de Diputados el DNU 846/2024 que modifica la Ley de Administración Financiera (LAF) y que flexibiliza las condiciones para que el Poder Ejecutivo pueda avanzar en un eventual canje de deuda en moneda extranjera, bajo legislación local, sin cumplir con los requisitos que plantea la norma para evitar empeorar la sostenibilidad de los compromisos.
En el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, aseguran que no está prevista ninguna operación en ese sentido y explican que se buscan herramientas para “administrar pasivos”, a precios de mercado, ante posibles contingencias. Las fuerzas opositoras señalan el riesgo de que extender plazos de compromisos con mayores tasas de interés implicaría un empeoramiento en las condiciones financieras de la Argentina.
El artículo 65 de la LAF exigía que cualquier canje de deuda en moneda extranjera debía mejorar al menos una de las siguientes condiciones: plazos, intereses o montos. Sin embargo, el DNU 846/2024 elimina esta limitación para las operaciones en moneda extranjera bajo legislación local, lo que, según explican analistas del mercado, abre una mayor flexibilidad para el Tesoro en momentos donde los vencimientos de deuda presionan las reservas.
También se modificó una norma impulsada en la era del ex ministro de Economía Martín Guzmán, donde solo permitía realizar este tipo de operaciones sin cumplir el artículo 65 para deuda en moneda local, es decir, nominada en pesos. El Gobierno había intentado avanzar en ese camino a través de la Ley Bases, pero no tuvo éxito. Además, el DNU habilita la suscripción de deuda pública, independientemente de la moneda de pago, lo que permite al Tesoro realizar canjes de títulos en pesos a cambio de papeles nominados en otras monedas.
Un punto adicional del decreto apunta a las modificaciones en los límites de inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Según un informe de la consultora Outlier, se extendió la capacidad del FGS para mantener hasta el 70% de su cartera en títulos públicos, con o sin garantías, una norma que anteriormente estaba limitada hasta el 31 de diciembre de 2024. La consultora también destacó que ahora se permite la suscripción de instrumentos de deuda pública en cualquier moneda, con otros títulos de deuda pública en cualquier divisa, lo que aporta una mayor flexibilidad para las inversiones del FGS.
Estas medidas del Gobierno se dan en el marco de las dudas que existen entre inversores sobre la capacidad de la Argentina para afrontar los vencimientos de deuda del año que viene, en un contexto en el que el Banco Central se mantiene con reservas netas negativas en cerca de USD 5.000 millones. Los compromisos ascienden a cerca de USD 20.000 millones, de los cuales son casi USD 9.000 millones en manos de bonistas privados que ingresaron al canje que realizó Guzmán y el resto es para organismos multilaterales (FMI, BM, BID, entre otros).
El Gobierno depositó por adelantado los USD 1.500 millones en intereses que deberán pagarse en enero y compró los USD 2.700 millones en concepto de capital, a la espera de depositarlos en el Bank Of New York. Caputo avisó que continúa la negociación de un préstamo REPO con bancos para reforzar las reservas del BCRA y que para julio, cuando hay un vencimiento similar, y en caso de que la Argentina pueda acceder a tasas “razonables”, se buscaría refinanciar esos compromisos a través de la vuelta al mercado internacional de deuda. Otro alivio puede venir de un eventual acuerdo con el FMI que contemple fondos frescos, aunque todavía no hubo grandes avances en ese sentido.
En paralelo, sumado al intento fallido de la Ley Bases, el Ejecutivo eliminó la mención al artículo 65 en el Presupuesto 2025 y puntualizó la necesidad de tomar en cuenta el artículo 55 de la ley 11.672 que autoriza a la Secretaría de Hacienda o la de Finanzas a realizar “operaciones de administración de pasivos”, cualquiera sea el instrumento que las exprese, “a precios de mercado”.
Este último punto es el más importante para el Ministerio de Economía, en donde resaltan que los canjes de deuda que se realizaron e los últimos años en la Argentina, principalmente con la gestión de Alberto Fernández, no tuvieron en cuenta las condiciones que marca el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. De todos modos, esa será otra discusión que tendrá el oficialismo con la oposición a la hora del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2025.
En las últimas horas se aceleraron los contactos de la Casa Rosada con los gobernadores, para intentar evitar que se consolide el rechazo del decreto que flexibiliza las condiciones para canjear deuda. Eso muestra la importancia de la sesión de este martes, ya que un traspié en la Cámara baja podría tener un correlato en el Senado en los próximos 15 días que dañe definitivamente la chance al Gobierno de contar con una herramienta clave para mostrar margen de administrar los vencimientos de deuda.
