Con el 25 de mayo a la vuelta de la esquina, la marcha de la economía y su impacto social son un lastre imposible de soslayar.
Hace apenas diez días la CGT y las CTAs convocaron a un paro nacional que se sintió muy fuerte en las principales actividades industriales y comerciales. De ese momento a esta parte recrudecen los anuncios de despidos en ambos sectores. Automotrices, fábricas de neumáticos y de autopartes, de alimentos y bebidas, siderúrgicas como Acindar, y grandes comercios como Chango Más, anunciaron despidos y suspensiones a lo largo de mayo.
Es la última plaga que se deposita sobre las espaldas de los trabajadores. Se trata de una lista larga que afecta, en realidad, a toda la población: pérdida de poder adquisitivo, inflación galopante, pérdida de poder de ahorro, servicios públicos caros, degradación de los servicios estatales que recibe en salud, educación y transporte.
Insólitamente, el gobierno aspira a que una recuperación del consumo incida favorablemente en la actividad económica del segundo trimestre cuando todos los indicadores señalan que la caída de ingresos seguirá, tanto en lo que hace a los salarios de los privados como a los de los empleados públicos. En ese conjunto hay que integrar, además, a los jubilados, cuyos haberes han sido sacrificados en pos del equilibrio fiscal.
La otra vela que enciende el gobierno está dedicada a la venta de la cosecha por parte de los productores de soja y maíz, algo que lo emparenta con los gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri.
Un reciente informe del Centro CIFRA, de la CTA y vinculado a Flacso, observa que «es indiscutible que en sus primeros meses se puso en marcha una profunda recesión económica como consecuencia de la fuerte devaluación en diciembre, el severo ajuste fiscal y la desregulación de los mercados». Esta realidad es la que preocupa al gobierno en la medida que se demuestra mucho más profunda de lo que suponía en sus teorizaciones. De allí que la duración de la crisis económica se ha transformado en un punto central del debate político y económico.
Cifra observa que «en apenas tres meses de gobierno, (Javier) Milei logró una caída de la actividad económica (-3,7%) similar a la que tuvo Macri en todo su gobierno (-3, 9%)». En ese sentido, señala que «Lejos de los ajustes de corto plazo que provocan recesiones coyunturales, lo que parece configurarse aquí es una crisis de carácter estructural».
Cifra descree que haya una recuperación rápida de la economía. En ese punto no está sola: consultoras acreditadas por su cercanía al establichment, como Econbviews, de Miguiel Kiguel, descreen del discurso presidencial de que se viene una «recuperación en V». La explicación es que esa recuperación debería convivir con una desaceleración de la inflación, lo cual es una contradicción: si la inflación bajó es porque se derrumbaron la actividad y el consumo. Es más, para los niveles de caída que muestran ambos factores, la inflación debería ser menor.
«La expansión del consumo privado va a requerir de la recomposición de los ingresos reales, lo que va a profundizar la puja distributiva y tensionar la desaceleración de la inflación», explica Cifra.
Los indicadores de los primeros cuatro meses de gobierno constatan la nueva estructura de precios relativos resultante de las políticas implementadas: el salario cayó 15,2% en relación al IPC en tanto que los precios de los grupos concentrados aumentaron 24,0% por encima del IPC, demostrando que el caso de la medicina prepaga, lejos de ser una excepción, es la regla cuando se desregulan los mercados y liberan los precios, alerta Cifra.
Superávit y reservas
La sostenibilidad del superávit fiscal está en cuestión. El reclamo de las empresas que generan electricidad, que no terminan de aceptar una quita del 50% de sus acreencias con el Estado por energía no pagada, muestra que la situación del resultado fiscal es precaria porque si van con sus demandas a la justicia, es «muy probable» que obtengan un fallo favorable y el gobierno se encuentre en la disyuntiva de acatarlo y perder el superávit fiscal. Esa es la mirada del mismo estudio legal que participó en la redacción de la segunda edición de la Ley Bases.
La misma precariedad se observa con la acumulación de reservas, fundamental para evitar una nueva sacudida del dólar. Cifra recuerda que la acumulación de U$S 9274 millones de reservas líquidas en los primeros cinco meses de gobierno «contrastan con una importante generación de nueva deuda con importadores», por U$S 11.250 millones entre diciembre y marzo. «Es decir que si se pagaran las importaciones que ya ingresaron al país la acumulación de reservas se transformaría en pérdidas». Además, la apreciación cambiaria tiende a abaratar los bienes importados y los puede impulsar a pesar de la recesión si se implementa la apertura.
El esquema incluye otro problema para el gobierno: a lo largo de este año, los vencimientos de deuda en moneda extranjera trepan a U$S 11.411 millones. Así, el gobierno prende una tercera vela al blanqueo fiscal y a los «héroes» de la fuga de capitales para lograr un ingreso de divisas que no aparece.
