Manifiestan estar cansados y preocupados por la realidad del sector y la falta de medidas de control contra lo que marcan no solo es una competencia ilegal sino desleal, en medio de una creciente crisis económica. Así se plantan los representantes de los taxis y remisses ante la comuna capitalina. En una dura nota presentada este miércoles a Gustavo Saadi, el Sindicato de Conductores de Taxi, la Federación Nacional de Conductores de Taxi y Radio Taxi Fénix la ponen plazo, no solo para obtener una respuesta, sino para acciones “urgentes y de acción directa” contra UBER, acotando que el jefe comunal “es el máximo responsable de todo lo que está aconteciendo”.
De momento, como aclaró Walter Brizuela a La Unión, de parte del sindicato no habrá medidas de acción ni manifestación alguna, como si lo plantea la Federación. “Recién presentamos la nota este miércoles y no podemos salir con una protesta en menos de veinticuatro horas. Vamos a esperar al intendente y según eso vamos a ver. De no haber respuesta, ya veremos las medidas que vamos a tomar”.
Esto en relación a que la Federación de Taxis y Remises, que también firmó la nota presentada a la Municipalidad de la Capital sí están promoviendo una movilización para este jueves, tras considerar que los autos que utilizan la app son “ilegales”.
El reclamo
Las menciones contra la app no son de las mejores, según la visión tanto del Sindicato como de la Federación. En la nota presentada, tras marcar la exigencia a la comuna, ponen como ejemplo dos casos graves ocurridos en la Capital, para marcar así la falta de controles y el peligro que implica para el pasajero un conductor sin registro y los mínimos requisitos. En este sentido recordaron el accidente del automóvil que chocó contra un colectivo y cuyo conductor era menor de edad y luego, el más polémico, el caso del Uber Moto acusado de abuso sexual por una pasajera.
Ante esto recordaron que en la provincia existen cerca de 300 conductores de Uber, lo que viene a generar al sector una pérdida diaria de $15 millones y un mensual de $450 millones. Mencionaron que entre taxistas y remises existe un total de mil unidades donde "más de 2000 familias se ven afectadas directamente en sus recaudaciones diarias". Es por esto y en función de este impacto económico que le pidieron a Saadi el regreso de controles más "estrictos" por parte de las fuerzas de seguridad y Guardia Urbana, como así también el bloqueo de la aplicación en el territorio provincial. "Teniendo todas estas herramientas legales, solo le queda la voluntad política para hacerlas cumplir", finalizaron.
