El juez Manuel García-Mansilla presentó su renuncia indeclinable al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decisión comunicada a través de una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei. Su nombramiento, efectuado por decreto en comisión el 26 de febrero de 2025, generó polémica desde el inicio, especialmente por declaraciones pasadas del magistrado que fueron utilizadas para cuestionar su idoneidad moral.
En la misiva, García-Mansilla se defiende de las críticas que recibió desde el Senado, particularmente por una supuesta contradicción respecto a su postura sobre los nombramientos "en comisión". Acusó a algunos legisladores de tergiversar sus declaraciones mediante un video "recortado y editado", utilizado —según sus palabras— para engañar y desinformar.
La falta de integración de la Corte como crisis institucional
Uno de los ejes centrales de su renuncia es la denuncia del estado crítico en que se encuentra la Corte Suprema, funcionando con apenas tres miembros desde diciembre de 2024. García-Mansilla señala que esta situación es "un espejismo institucional" que atenta contra el acceso real a la justicia y genera una acumulación de más de 90.000 causas sin resolución.
El magistrado alertó sobre el riesgo de parálisis total del máximo tribunal, lo que —según su análisis— sería una "grave irresponsabilidad institucional". También destacó que la designación en comisión fue una decisión tomada en un contexto urgente y legalmente justificado, amparado por el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.
Críticas al Senado y advertencia sobre el poder judicial argentino
García-Mansilla denunció la falta de voluntad política del Senado para tratar su pliego, lo cual calificó como resultado de "mera especulación política". A pesar de haberse seguido todo el proceso institucional correspondiente —incluyendo la presentación de antecedentes, impugnaciones y audiencias públicas—, su designación nunca fue votada, lo que interpretó como una muestra de indiferencia y oportunismo por parte de los legisladores.
En su carta, también puso el foco en la falta de nombramientos en otros organismos clave del Poder Judicial: la vacante del Procurador General desde hace más de siete años, la del Defensor del Pueblo hace más de quince, y cientos de cargos sin cubrir en tribunales y juzgados federales. Aseguró que esta situación favorece al narcotráfico, la trata de personas y la corrupción.
