El reciente anuncio del Gobierno sobre la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario ha generado una ola de críticas debido a su impacto en las comunidades indígenas del país. Este programa, que otorgaba subsidios para el asesoramiento legal en litigios territoriales, ha sido derogado mediante la Resolución 8/2025, firmada por el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj. La justificación oficial se centra en la necesidad de mayor eficiencia en la gestión del Estado, enmarcada dentro de la declaración de emergencia pública dictada en diciembre de 2023.
La importancia del Programa de Fortalecimiento Comunitario
El programa eliminado estaba diseñado para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos originarios en lo que respecta a la consolidación de la propiedad de sus tierras. A través de subsidios no reintegrables, se financiaban labores profesionales como:
- Defensas judiciales en litigios territoriales.
- Asesoramiento jurídico y contable.
- Capacitaciones legales para las comunidades.
- Ejecución e inscripción de mensuras.
Estas herramientas eran clave para que los pueblos indígenas pudieran preservar sus territorios ancestrales ante el avance de grandes corporaciones y proyectos extractivistas.
Justificaciones del gobierno y su impacto en las comunidades
El Gobierno argumentó que la decisión responde a un intento de optimizar los recursos del Estado en medio de la crisis económica. En la resolución oficial se citan informes de auditoría de la Sindicatura General de la Nación, los cuales habrían detectado deficiencias en la gestión del programa y la falta de una herramienta de registro para evaluar su impacto.
Sin embargo, esta medida deja a muchas comunidades en una situación de vulnerabilidad frente a conflictos territoriales. Sin el respaldo legal que les otorgaba el programa, los pueblos indígenas podrían perder sus tierras ante el avance de actores privados con mayor capacidad de litigio y presión política.
Una decisión que beneficia a grandes corporaciones
El desmantelamiento de este programa genera un vacío que podría ser aprovechado por grandes empresas con intereses en los territorios indígenas. La falta de asesoramiento legal debilita la posición de estas comunidades en los tribunales, allanando el camino para proyectos extractivistas, agroindustriales o inmobiliarios en zonas tradicionalmente ocupadas por pueblos originarios.
Históricamente, las comunidades indígenas han enfrentado conflictos con corporaciones que buscan explotar los recursos naturales en sus tierras. La eliminación de este programa podría acelerar los desalojos y profundizar la crisis social en estas poblaciones, generando un escenario de mayor desigualdad y desprotección.
Críticas y resistencia de las comunidades
Diversos sectores han expresado su rechazo a esta decisión gubernamental. Organismos de derechos humanos y agrupaciones indígenas han alertado sobre las graves consecuencias de la derogación del programa y han exigido su restitución inmediata. Se espera que haya presentaciones judiciales y movilizaciones en protesta contra la medida.
Un retroceso en la lucha por los derechos indígenas
La eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario representa un retroceso en la garantía de los derechos territoriales de los pueblos originarios. En un contexto donde el acceso a la justicia es fundamental para evitar el despojo de tierras, esta decisión podría favorecer el avance de intereses corporativos sobre territorios ancestrales.
Es fundamental que se replantee esta política y se adopten medidas que protejan los derechos de las comunidades indígenas, garantizando su acceso a la justicia y evitando que queden indefensas ante el avance de grandes intereses económicos.
