El fiscal federal Ramiro González ordenó una serie de medidas de prueba “urgentes” para avanzar en la causa por los sobresueldos a supuestos funcionarios del Ministerio de Capital Humano que facturaban sin prestar servicios a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Tras la explosiva declaración de la víspera de la subsecretaria de Legales del Ministerio, Leila Gianni, el fiscal dispuso la convocatoria a declarar de Alejandro Schiavi, el subsecretario de Administración, quien dependía del principal apuntado en la investigación, el echado Pablo De la Torre. Schiavi, por ahora, es testigo.
“Requiérase a la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano de la Nación arbitre los medios necesarios a los fines de remitir con carácter de URGENTE, la siguiente documentación”, anunció el fiscal González en su dictamen.
El fiscal le pidió a Capital Humano que “indique el monto total de las erogaciones que realizó la Organización de Estados Iberoamericanos como consecuencia del Convenio Marco». Según el reporte oficial de la cartera de Sandra Pettovello, desde esa cartera se le transfirieron a la OEI 6.772.500.000 pesos, según una resolución publicada el 6 de marzo último.
De ese monto, “la OEI sólo realizó compras por el momento por un total de 3.651.940.197 pesos”, aproximadamente la mitad del dinero transferido, para un cargamento de aceite y lentejas. Por ello cobró una comisión de unos 338.625.000 pesos. ¿Y el resto del dinero?, ¿acaso haya sido utilizado para un fabuloso negocio financiero? Hacia esa hipótesis parece apuntar el requerimiento del fiscal.
El representante legal de la Organización de Estado Iberoamericanos también fue citado a declarar, por ahora sin fecha.
Los pedidos del fiscal a Pettovello
González tiene delegada la investigación por el juez Ariel Lijo, lo que le da un margen de maniobrabilidad amplio. En ese marco, ya hay una causa con impulso y el juez sólo intervendrá como garante de la legalidad del proceso.
Entre las medidas ordenadas por González figuran la presentación por parte del Ministerio de Sandra Pettovello de una “copia certificada del Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos; así como, la totalidad de las actas complementarias suscripta entre ambos, desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, con indicación de los montos asignados en cada caso”.
Allí, según la declaración de Gianni, podría encontrarse el circuito del dinero que se triangulaba a través de contratos que eran pagados con fondos estatales pero a través de la OEI.
También requirió “las actas complementarias suscriptas entre la Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y toda aquella documentación relacionada con ello, a saber: las solicitudes de contrataciones efectuadas por la Secretaria; los datos personales de los consultores que fueron contratados bajo esa modalidad y los instrumentos respaldatorios con indicación de montos, fechas y tareas asignadas; así como, las certificaciones de servicio que le permitieron a los consultores cobrar sus honorarios”. Ese es el corazón de la investigación. Allí, sospechan los investigadores, está la trama del desvío de los fondos oficiales.
El requerimiento añade “e un listado donde conste la totalidad de empleados y funcionarios que prestaron servicios en la Secretaria desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha” y “todas las actas complementarias suscriptas entre las distintas Secretarias dependientes del Ministerio de Capital Humano de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos”.
Gianni dijo ayer que se estaba investigando si el mecanismo, que por ahora fue descubierto sólo en el área de Niñez, se replicó en otras reparticiones. Capital Humano reúne a cuatro ministerios y cada área dispone de autonomía como para hacer lo mismo que se le atribuye a De la Torre en Niñez.
Schiavi fue citado para el próximo 13 de junio a las diez de la mañana en Comodoro Py 2002.
