El Gobierno nacional oficializó una nueva ampliación del Presupuesto 2025, con el objetivo de reforzar partidas clave vinculadas a salud, seguridad, educación, prestaciones sociales y servicios de la deuda. La medida fue publicada este lunes 1 de diciembre mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 849/2025 en el Boletín Oficial, convirtiéndose en la primera modificación presupuestaria firmada bajo la gestión de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.
De acuerdo con los fundamentos del decreto, la ampliación se enmarca en la "emergencia económica actual", situación que —según el texto— obliga al Gobierno a garantizar "una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones". En ese sentido, el Ejecutivo consideró necesario ajustar el presupuesto vigente y asignar "recursos adicionales a áreas concretas" para sostener programas esenciales y cubrir demandas operativas.
Entre los ejes centrales de la ampliación, se destaca el refuerzo de los créditos destinados a gastos de personal, con el propósito de acompañar necesidades salariales, gastos de funcionamiento, adquisición de equipamiento y el pago de subsidios, becas, compensaciones y diversas transferencias relacionadas con los cometidos de las distintas jurisdicciones de la Administración Nacional.
Una parte importante de los fondos adicionales se dirigirá a las Fuerzas de Seguridad. El decreto prevé incrementos salariales para su personal, así como para las cajas de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal, el personal militar de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales.
En materia sanitaria, el Gobierno dispuso una ampliación para sostener programas del Ministerio de Salud y el funcionamiento de hospitales nacionales de alta complejidad. Entre ellos se encuentran el Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, SAMIC Presidente Néstor Kirchner y el Bicentenario Esteban Echeverría. Estos establecimientos dependen en buena parte de fondos nacionales para su operatividad diaria y la continuidad de sus servicios.
Otra área priorizada es la de prestaciones sociales, incluyendo un incremento destinado al pago de pensiones no contributivas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), así como del subsidio extraordinario para los mismos beneficiarios a través de la ANSES. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano verá reforzado el presupuesto de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para ampliar la Prestación Alimentar.
La Secretaría de Educación también recibirá fondos adicionales para reforzar salarios universitarios, docentes y no docentes. Además, se destinarán recursos para la compra de computadoras, el sostenimiento de las Becas Progresar, la continuidad de comedores escolares y la implementación de la Jornada Extendida.
Por el lado de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la ampliación incluirá refuerzos para programas como Volver al Trabajo, Fomentar e Intercosecha, así como para el financiamiento de prestaciones por desempleo. En la ANSES, se sumarán recursos para cubrir prestaciones previsionales —incluidas las actualizaciones previstas por la Ley de Movilidad—, asignaciones familiares, el Programa 1000 Días, transferencias al PAMI y la Prestación Mensual de Oncopediatría.
El capítulo vinculado a la deuda pública también experimentará ajustes para garantizar el pago de servicios durante el año. Se asignarán fondos al Tesoro para cubrir diversas obligaciones, entre ellas el tercer incremento de capital del BID Invest y el financiamiento de empresas y organismos públicos como Radio y TV Argentina, Casa de Moneda, YCRT, Belgrano Cargas, SOFSE, ACUMAR y el ENARD.
Finalmente, el decreto contempla adecuaciones presupuestarias por cambios en la naturaleza jurídica de algunos organismos registrados durante 2025. Además, se autoriza al Ministerio de Economía a modificar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero (FONDESGAS), con el objetivo de redefinir los mecanismos de financiamiento de obras de transporte de gas.
Con esta ampliación, el Ejecutivo apunta a reforzar áreas estratégicas en un contexto de restricción fiscal y a asegurar la continuidad de programas esenciales en materia social, educativa, sanitaria y de seguridad.
