La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó este lunes el pedido del Gobierno argentino para suspender la entrega de acciones de YPF como parte del pago por la condena de US$16.100 millones impuesta por la expropiación de la petrolera en 2012
La solicitud había sido presentada por el Estado nacional mientras se sustancia la apelación del fallo, pero la magistrada determinó que el proceso de ejecución del fallo puede avanzar.
Días atrás, Preska había notificado a las partes —la Argentina y los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park— que resolvería la cuestión este lunes. Además, les concedió un plazo de tres días adicionales para acudir a la Corte de Apelaciones, medida que fue efectivizada por el Estado argentino el jueves pasado.
El origen del caso
La disputa legal se remonta a septiembre de 2023, cuando Preska falló contra la Argentina y estableció una compensación de US$16.100 millones (hoy ascendente a US$17.750 millones con intereses) por no haber respetado el estatuto de YPF durante la nacionalización parcial realizada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012.
El fallo favoreció a los fondos Burford y Eton Park, que habían adquirido los derechos de litigio del Grupo Petersen, accionista de YPF con el 25% de participación al momento de la expropiación. El argumento principal de los demandantes fue que, mientras a Repsol se le ofreció una compensación con bonos, el resto de los accionistas no recibió trato equitativo.
En medio de la demora del Estado argentino en pagar o alcanzar un acuerdo, los fondos presionaron con distintos recursos judiciales, entre ellos el pedido para tomar control de las acciones de YPF que aún están en manos del Estado. Esta maniobra ya fue aceptada por la jueza y abrió la puerta a otros acreedores que buscan cobrar de la misma forma.
Qué dijo Milei
El presidente Javier Milei se refirió recientemente al fallo y advirtió que "no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implique dos tercios. No va a ocurrir".
La causa, sin embargo, sigue su curso en la justicia estadounidense, mientras el Gobierno argentino insiste en su estrategia de apelación.
