El oficialismo consiguió reunir las firmas necesarias para habilitar el tratamiento de la reforma de la Ley de Salud Mental en el Senado de la Nación. La iniciativa, impulsada por la senadora Patricia Bullrich, podría llegar al recinto el próximo jueves 29, siempre que se concrete la sesión prevista para esa fecha y se alcancen los acuerdos parlamentarios correspondientes.
La definición se produjo después de que el bloque Convicción Federal, conducido por Carolina Moisés, presentara un dictamen en minoría que permitió superar el obstáculo que impedía avanzar con el tratamiento legislativo. El espacio planteó diferencias con la propuesta oficialista, especialmente en relación con los procedimientos para disponer internaciones involuntarias, los plazos de evaluación y los mecanismos para garantizar el financiamiento de las políticas públicas de salud mental.
La discusión se desarrolla en torno a dos aspectos centrales: por un lado, la modificación de los criterios de atención, internación y seguimiento de los pacientes; por otro, la necesidad de asegurar que las provincias y los dispositivos comunitarios cuenten con recursos para sostener las prestaciones.
Antes de una eventual sesión, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará el martes 27 una reunión de Labor Parlamentaria con la participación de los presidentes de todos los bloques. En ese encuentro se definirán los temas que integrarán el orden del día.
Las firmas que destrabaron el tratamiento parlamentario
La semana anterior, el plenario de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública había firmado el dictamen oficialista con la participación de Bullrich. Ambas comisiones están presididas por las senadoras libertarias Nadia Márquez e Ivanna Arrascaeta, respectivamente.
Sin embargo, las rúbricas obtenidas inicialmente no alcanzaban para habilitar el tratamiento de la reforma en el recinto. La situación se modificó este miércoles a última hora, cuando los tres integrantes de Convicción Federal presentaron un dictamen en minoría.
Con esas firmas, más de la mitad de los senadores que integran el plenario respaldó dictámenes y quedó superado el inconveniente que preocupaba a La Libertad Avanza. El documento alternativo lleva las firmas de Carolina Moisés, senadora jujeña; Guillermo Andrada, integrante de la Comisión de Salud; y Sandra Mendoza, integrante de la Comisión de Legislación General.
Aunque el bloque coincide con el oficialismo en mantener la posibilidad de internaciones involuntarias, propone diferencias en los procedimientos para autorizarlas, los plazos para revisar las decisiones y la participación de los profesionales de distintas disciplinas.
De esta manera, la reforma quedó habilitada para su tratamiento parlamentario, aunque la fecha definitiva dependerá de la convocatoria a sesión y de los acuerdos que se establezcan durante la reunión de Labor Parlamentaria.
El reclamo por el financiamiento de las políticas de salud mental
Uno de los principales planteos de Convicción Federal está relacionado con la disponibilidad de recursos para implementar las políticas de salud mental en las provincias y garantizar el funcionamiento de los centros comunitarios.
Moisés defendió la necesidad de que la reforma contemple el financiamiento de las prestaciones y los dispositivos de atención, además de establecer criterios para las internaciones involuntarias.
"Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios. Manteniendo en su propuesta, como en la de los libertarios, la internación involuntaria", expresó la senadora en declaraciones a TN. La legisladora también señaló que durante la semana anterior se habían registrado tres casos de suicidio en Jujuy que, según consideró, podrían haberse evitado.
El planteo del bloque busca incorporar mecanismos que permitan sostener las políticas públicas y garantizar que los cambios normativos estén acompañados por recursos concretos para su aplicación.
La discusión presupuestaria adquiere así un lugar central dentro del debate legislativo. Mientras el oficialismo propone modificar distintos aspectos del funcionamiento del sistema, Convicción Federal pretende establecer obligaciones de planificación, distribución de fondos y control sobre la ejecución de los recursos destinados a la salud mental.
Los cambios que propone La Libertad Avanza
Los principales ejes de la iniciativa oficialista fueron presentados el 14 de octubre por Patricia Bullrich, Nadia Márquez e Ivanna Arrascaeta. El proyecto contempla modificaciones en los criterios para disponer internaciones involuntarias, nuevas herramientas para abordar las adicciones y medidas orientadas a acompañar a los pacientes después del alta.
Entre sus componentes se encuentra la incorporación de equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados. La propuesta también reconoce la participación de los psicólogos en las evaluaciones y las altas, establece la capacitación permanente y plantea medidas de protección para los trabajadores de la salud.
En materia de coordinación federal, el oficialismo propone restituir la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias. Además, incorpora modificaciones en los plazos para comunicar determinadas internaciones y habilita el uso de teleconsultas en zonas donde no haya especialistas disponibles.
El proyecto mantiene dentro de las políticas de salud mental las adicciones relacionadas con sustancias y aquellas que no las involucran. Sin embargo, elimina la referencia expresa a drogas legales e ilegales e incorpora problemáticas como la ludopatía.
La iniciativa apunta, además, a modificar los criterios de atención y seguimiento de los pacientes, con un mayor énfasis en el trabajo interdisciplinario y en las medidas de acompañamiento posteriores al alta.
Internaciones involuntarias: cambios en los controles judiciales
Uno de los puntos más relevantes de la reforma oficialista es la eliminación de la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias.
De acuerdo con la propuesta, el juez podrá solicitar informes o peritajes y dejar sin efecto una internación que considere injustificada. No obstante, se mantiene la obligación de notificar la medida tanto al juez como al Órgano de Revisión dentro de las primeras 24 horas.
El proyecto también modifica el procedimiento para las internaciones voluntarias que superen los 60 días. En esos casos, elimina la obligación de informar al juez y de realizar la evaluación judicial dentro de los cinco días, aunque conserva la comunicación al Órgano de Revisión.
Otro cambio involucra las situaciones excepcionales en las que un solo médico indica una internación debido a un riesgo grave. La iniciativa del oficialismo extiende de 24 a 48 horas el plazo para revalidar esa decisión mediante una evaluación interdisciplinaria.
Estos cambios forman parte de la discusión sobre los criterios de intervención profesional, los mecanismos de supervisión y los tiempos para revisar las decisiones relacionadas con la internación de una persona.
La alternativa de Convicción Federal
El dictamen en minoría de Convicción Federal también contempla mecanismos legales para habilitar internaciones involuntarias cuando exista riesgo para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
La propuesta busca responder a los reclamos de las familias de personas con problemas graves de salud mental, especialmente en materia de adicciones. Sin embargo, plantea que estas internaciones sean consideradas un recurso terapéutico excepcional y restrictivo. A diferencia de la iniciativa oficialista, el bloque propone que la decisión quede en manos de al menos dos profesionales de distintas disciplinas pertenecientes al servicio asistencial. Uno de ellos deberá ser psicólogo o médico psiquiatra.
Cuando no sea posible contar con ese equipo interdisciplinario, un profesional podrá indicar por sí solo una medida provisoria de resguardo terapéutico en un efector de salud. En ese supuesto, la decisión deberá ser revalidada mediante una evaluación interdisciplinaria dentro de un plazo máximo de 24 horas corridas, frente a las 48 horas previstas en el proyecto de La Libertad Avanza.
La propuesta incorpora también la figura del acompañante terapéutico, con el objetivo de complementar el trabajo del equipo interdisciplinario y evitar que las decisiones se concentren exclusivamente en el rol médico. En materia preventiva, el dictamen plantea actualizar las medidas destinadas a niños, niñas y adolescentes. Entre las acciones previstas se encuentran políticas específicas para prevenir las adicciones y el suicidio, además de promover el uso responsable de las redes sociales.
Un plan nacional de cinco años con metas y presupuesto
La propuesta de Convicción Federal incluye un apartado específico para reforzar el Plan Nacional de Salud Mental y su red de servicios, en articulación con el Consejo Federal de Salud (COFESA).
El dictamen establece que el Ministerio de Salud deberá elaborar un plan con una vigencia de cinco años. Ese documento deberá contener un diagnóstico de la situación de cada provincia y detallar la capacidad de atención disponible en los distintos dispositivos del sistema.
Entre los aspectos que deberá relevar figuran la cantidad de camas, las guardias, los equipos ambulatorios y los dispositivos comunitarios existentes en cada jurisdicción. Además, el plan tendrá que fijar metas anuales y plurianuales, acompañadas por indicadores, plazos y fuentes de verificación que permitan evaluar su cumplimiento.
Otro componente central será la identificación del financiamiento necesario para alcanzar cada objetivo, junto con la distribución de los recursos entre el Estado nacional y las provincias.
La iniciativa busca que la planificación no se limite a establecer objetivos generales, sino que incluya información concreta sobre las necesidades de cada jurisdicción, los recursos disponibles y las partidas necesarias para sostener las prestaciones.
Rendición de cuentas ante el Congreso
El dictamen de Convicción Federal incorpora, además, un mecanismo de rendición de cuentas para que el Ministerio de Salud informe anualmente al Congreso sobre los recursos destinados a las políticas de salud mental.
La obligación alcanzaría a ambas cámaras legislativas y contemplaría información presupuestaria detallada sobre la asignación y ejecución de los fondos.
El informe deberá incluir:
-El presupuesto inicial, el presupuesto vigente y el presupuesto ejecutado en salud mental.
-La proporción que representa el gasto en salud mental dentro del presupuesto total del ministerio.
-Las transferencias realizadas a cada provincia y el destino de esos recursos.
-Los montos invertidos en hospitales y servicios de atención ambulatoria.
-Los fondos destinados a dispositivos comunitarios.
-Los recursos utilizados para la formación de profesionales.
Con estos mecanismos, el bloque pretende vincular los objetivos de la política sanitaria con la disponibilidad efectiva de fondos y establecer herramientas de seguimiento sobre su utilización.
