El Gobierno nacional oficializó la designación de la Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía, como la autoridad de aplicación del nuevo régimen que regula los servicios privados de movilidad y reparto prestados mediante plataformas tecnológicas. La medida fue formalizada a través del Decreto 407/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza de forma directa a empresas multinacionales y locales que operan bajo esquemas tecnológicos similares, tales como Uber, Cabify, DiDi, Rappi y PedidosYa.
De acuerdo con los fundamentos de la normativa, el Poder Ejecutivo determinó que la regulación y supervisión de estas actividades comerciales debe centralizarse en el área de Transporte debido a que su naturaleza principal y operativa está estrictamente asociada con los sectores de la movilidad urbana y la logística de distribución. En paralelo, el decreto aclara que la Secretaría de Trabajo conservará de forma exclusiva sus competencias institucionales vinculadas con los convenios colectivos que eventualmente pudieran llegar a surgir dentro del sector de las aplicaciones.
Esta decisión reglamentaria se inscribe en el marco de la reforma laboral sancionada previamente por el Congreso de la Nación, la cual creó un estatuto específico para los prestadores de servicios de plataformas y excluyó expresamente a estos vínculos contractuales del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo tradicional. Con esta ratificación de criterio, el Gobierno nacional consolidó la figura jurídica de los choferes y repartidores como prestadores o trabajadores independientes alcanzados por una regulación particular, diferenciándolos de manera taxativa de las relaciones de dependencia clásicas.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la entrada en vigencia de este decreto constituye uno de los cambios estructurales más relevantes introducidos por la reforma laboral en lo que respecta a la denominada "economía de plataformas", un sector dinámico que ha sido objeto de recurrentes controversias judiciales y profundos debates doctrinarios sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre las firmas tecnológicas y los trabajadores. Desde los despachos oficiales señalaron que la medida busca otorgar un marco de mayor previsibilidad regulatoria y seguridad jurídica a una actividad en constante expansión, adecuando su fiscalización diaria a organismos que poseen las competencias técnicas específicas en materia de ordenamiento vial y logística.
