Las autoridades apartaron de sus funciones a un empleado del Registro Civil e iniciaron una investigación por presuntos cobros irregulares en trámites gratuitos. Según trascendió, una mujer denunció que el trabajador le pidió dinero mediante transferencias a una cuenta personal para realizar distintas gestiones administrativas.
De acuerdo con la investigación preliminar, el empleado habría solicitado pagos de hasta $100 mil por diferentes trámites. Tras conocerse el caso, otras personas se presentaron como presuntas damnificadas y la Justicia abrió una investigación penal.
Además, el organismo inició un sumario administrativo mientras avanza la causa.
