El Gobierno consiguió ayer la ley que impulsó desde las sesiones extraordinarias de marzo y por la cual declara la emergencia económica, financiera, administrativa y educativa hasta fines de este año, con la posibilidad de que el Ejecutivo decida si lo prorroga por un lapso adicional de cinco meses por única vez.
Si bien aún resta su publicación en el Boletín Oficial, la normativa aprobada ayer en el Senado unánimemente (con el número N° 5.842) le congela al propio Ejecutivo, a la Legislatura, a la Justicia y a los municipios para efectuar nuevas contrataciones o designaciones de personal.
Además, habilita al Gobierno a implementar un régimen de retiro anticipado y utilizar fondos para ejecución de obra pública.
Sin perjuicio de que el bloque oficialista del Frente de Todos tenga una abrumadora mayoría en la cámara alta, durante el tratamiento de la emergencia no hubo cruces ni debates. A diferencia de lo que ocurrió en Diputados, los dos representantes del radicalismo, Norma Reales (Antofagasta de la Sierra) y Ariel Cordero (Ancasti) no emitieron críticas a la iniciativa del Gobierno e inclusive acompañaron con su voto la emergencia.
Durante el tratamiento, el legislador representante de la Capital, Ramón Figueroa Castellanos, expuso los fundamentos plasmados en el despacho de comisión y luego, sin más, se avanzó con la aprobación para la sanción definitiva.
“Las medidas económicas implementadas y programadas desde el Gobierno Nacional hacen prever un contexto recesivo de la economía nacional durante el ejercicio anual 2024. Es así que Catamarca ha visto sensiblemente recortados sus ingresos por la falta de envío de fondos nacionales no automáticos, lo que acarrea como consecuencia directa que el Estado Provincial debe asumir responsabilidades de pago que hasta diciembre de 2023 fueron afrontadas por Nación”, dijo Castellanos.
El senador por la Capital también apuntó que “los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos sufrieron una pérdida real del 20% en el primer trimestre del año, comparados con el mismo periodo del 2023, producto de la menor recaudación nacional”.
Así, una vez que sea promulgada la emergencia, el Gobierno podrá usar fondos provinciales para actividades de atención sanitaria, la protección de la población oncológica, VIH positivo, enfermedades crónicas y con discapacidad y poder garantizar la prestación alimentaria en comedores escolares provinciales.
Además, hasta finales de año los tres poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas y los municipios no podrán efectuar nuevas contrataciones o designaciones de personal que impliquen incrementar el gasto por ese concepto. Hay una salvedad: quedan exceptuados los contratos de empleos públicos ya celebrados y la promoción, contrataciones o designaciones en salud, educación y seguridad.
Con la emergencia también se habilita a la Provincia a establecer un régimen anticipado de retiro voluntario. Además, se establece que los gastos de pasajes y viáticos deben ser autorizados por el titular del área a la que corresponda “con criterio restrictivo”.
La ley también faculta al Gobierno a afectar recursos provinciales para la ejecución de obras nacionales ya iniciadas. En este orden de ideas, cabe señalar que en Diputados se amplió el abanico de financiamiento.
Sucede que cuando se trató el proyecto, el oficialismo incluyó un párrafo vinculado a la Ley de Presupuesto para permitirle al Gobierno obtener “financiamiento de entidades financieras y organismos internacionales”. Es decir, está facultado a tomar un préstamo de hasta $17.742.058.558 para destinarlo a la ejecución de la obra pública desfinanciada por Nación.
Por otra parte, las comunas deberán adherirse y cumplir con el Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal ya que este es uno de los criterios determinados por los aportes económicos que realiza la Provincia por fuera de la coparticipación. En esta línea, ahora la Provincia “puede acordar con los municipios las medidas necesarias para reordenar las finanzas municipales y eficientizar los servicios que éstos prestan, atendiendo a la situación económica financiera de cada uno”.
