En una jornada marcada por intensas negociaciones y cruces dialécticos en la Cámara de Diputados, el arco opositor logró imponer condiciones sobre el tratamiento de la Ley de Glaciares. El resultado del plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales determinó que el debate sobre la normativa de protección de hielos continentales se extienda más allá de lo previsto por la Casa Rosada. Con la fijación de dos audiencias públicas para finales del mes corriente, la posibilidad de que la ley llegue al recinto se ha desplazado, como mínimo, hasta mediados de abril, asegurando que el Ejecutivo no cuente con la norma en el corto plazo.
El pulso por la legitimidad y la participación federal
El oficialismo, inicialmente, intentó avanzar con una propuesta de audiencia única con el objetivo de sortear los requisitos constitucionales de forma expeditiva. Sin embargo, se topó con una contrapropuesta consolidada de los bloques opositores, quienes consideran imprescindible adoptar mecanismos que garanticen una participación federal efectiva, especialmente de aquellas provincias involucradas en la gestión de cuencas hídricas afectadas. El reloj institucional ha marcado finalmente el 25 de marzo como la fecha inaugural del proceso, configurando un paso clave para asegurar el cumplimiento de la Ley General de Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
La hoja de ruta establece un sistema híbrido diseñado para favorecer la amplia participación: la primera jornada será presencial y la segunda, prevista para el 26 de marzo, se desarrollará bajo modalidad virtual. Esta estructura, que permite presentaciones por escrito y establece cinco minutos de exposición por persona, busca elevar el estándar de legitimidad del debate parlamentario, requiriendo además la presencia de al menos cuatro diputados por cada comisión convocada para garantizar el control institucional.
Cruces por la ausencia del Ejecutivo y la modalidad de trabajo
Uno de los puntos de mayor fricción durante el plenario fue la falta de interlocutores del Gobierno Nacional. La diputada Beatriz Estévez (Unión por la Patria) fue tajante al cuestionar la ausencia de funcionarios en la sala, señalando que nunca asistió un representante del Ejecutivo a explicar el proyecto y exigiendo que se precise una fecha para su comparecencia. Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Nicolás Mayoraz, fue el encargado de presentar los detalles del plan de trabajo, proponiendo inicialmente una jornada única para cumplir con el requisito federal sin necesidad de traslados.
No obstante, ante la presión de los bloques que exigían audiencias en las provincias con cuencas hídricas comprometidas por ley, los libertarios cedieron. Mayoraz confirmó que se realizarían cambios a la redacción original para desdoblar el encuentro en dos jornadas consecutivas. En defensa de la postura oficialista, la diputada Silvana Giudici (LLA) agradeció irónicamente el pedido de audiencias por parte de sectores que antes no las solicitaban, aunque finalmente su posición de mantener la propuesta original de las presidencias de comisión no obtuvo el acompañamiento necesario.
Exigencias de federalismo e interjurisdiccionalidad
La discusión técnica sobre cómo implementar las audiencias reveló las profundas diferencias de criterio entre las bancadas. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) remarcó que el proceso debe tener un carácter federal real, involucrando no solo a las provincias con desarrollo minero sino a todas las jurisdicciones donde hay cuencas comprometidas, debido al carácter interjurisdiccional del debate. En una línea similar, Sabrina Selva (UP) destacó la importancia de establecer límites claros de días y horarios, citando como antecedente las audiencias federales organizadas durante el debate de la ley de medios.
La dimensión social del proyecto también ocupó un lugar central mediante la intervención de Juan Grabois, quien exigió asegurar el acceso de todas las comunidades indígenas registradas en las zonas afectadas. Por otro lado, la legisladora María Zigarán (Provincias Unidas) puso en duda la verdadera vocación participativa del plenario, interpelando a las comisiones sobre si buscaban una participación pública real o simplemente enmascarar con una ritualidad el proceso, proponiendo para ello la regionalización de las audiencias en cinco zonas distintas del país.
Control parlamentario y datos técnicos del proceso
Finalmente, el diputado Diego Giuliano calificó como llamativo el proceder del oficialismo en comparación con el tratamiento previo en el Senado, donde sus referentes votaron a libro cerrado. El acuerdo final establece que para el inicio de las sesiones se habilitó el correo electrónico de la Comisión de Recursos Naturales para las inscripciones, manteniendo un horario de 10:00 a 19:00 horas. Con este nuevo esquema, el debate queda blindado bajo un control que asegura la pluralidad, postergando cualquier definición legislativa de fondo hasta que se procesen los resultados de estas jornadas de participación ciudadana y se garantice el federalismo exigido por las provincias y comunidades directamente vinculadas a los glaciares.
