El proyecto para declarar la Emergencia Económica financiera, administrativa y educativa del Estado, que remitiría hoy el Gobierno a la Legislatura, plantea un claro ajuste en los gastos de la Provincia por un año, con la posibilidad de prorrogar las medidas solo por un año más. En líneas generales, la iniciativa contempla el congelamiento de nuevas designaciones y contrataciones, aunque deja exceptuado de esto a las áreas de salud, educación y seguridad “por razones de estricta necesidad”.De acuerdo con lo que expone el proyecto, la idea apunta a “actuar preventivamente y/o en forma paliativa ante la caída real de los ingresos provinciales registrados en el primer trimestre del año”. Es que avizoran “un contexto recesivo de la economía nacional durante el ejercicio anual 2024”, por lo cual las medidas de la emergencia “procuran asegurar la utilización eficiente de los recursos y reducir los gastos de funcionamiento del Estado” comprendiendo a los tres poderes y los municipios.
Así, el gobierno sostiene que “resulta necesario establecer medidas de control y reducción del gasto público y extenderlas a nuevos espacios y ámbitos a fin de sostener el equilibrio fiscal, financiero y económico en un escenario recesivo y de inflación”.
Eso sí, aclaran que “las medidas provinciales buscan no ser recortes arbitrarios, sino una cuidadosa revisión de cada gasto con el objetivo de identificar áreas donde se pueda lograr una mayor eficiencia y efectividad”.
Los detalles
Del articulado del proyecto surgen las principales medidas que prevé el Gobierno. Entre ellas, dispone que en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y el Tribunal de Cuentas “no se podrá, mientras dure el estado de emergencia, efectuar contrataciones o designaciones de personal que importen, incrementar el gasto por ese concepto”, exceptuando las áreas de salud, educación y seguridad “por razones de estricta necesidad”.
En materia educativa, un artículo le permite al Ministerio de Educación “reorganizar, conforme a la matrícula de alumnos anual, la cantidad de secciones por grado y por escuela, de acuerdo a las necesidades de la institución educativa”. Dicho de otra forma, se faculta a la citada cartera del Ejecutivo a la unificación de las secciones de los grados escolares.
Por otra parte, plantea la puesta en marcha de un régimen anticipado de retiro voluntario en los tres poderes al que podrán acogerse los agentes de planta permanente que se encuentren en efectivo servicio al 31 de diciembre último y que posean cinco años o más de antigüedad en sus cargos. No podrán acceder a la jubilación anticipada personal de seguridad, sanitario, docentes, autoridades superiores, personal fuera de nivel y personal de Gabinete.
En tanto, promueve un criterio restrictivo para los gastos en pasajes, viáticos y “toda erogación que se origine con motivo de comisión de servicio de carácter oficial, dentro y fuera de la provincia y al exterior”. Sobre esta línea, dispone que cada poder del Estado establezca “periódicamente los límites de gastos diarios, los que serán informados al resto de los organismos”.
En cuanto a la obra pública, el Gobierno busca que se lo faculte a afectar recursos provinciales para la ejecución de obras nacionales ya iniciadas. “Deberá priorizarse la ejecución de obras ya iniciadas, conforme a su grado de avance, entre ellas, viviendas, escuelas, hospitales y caminos provinciales”, indica el proyecto.
Además, se deja prohibido “la adquisición de vehículos automotores que no constituyan reemplazo”, salvo en Salud y Seguridad, y establece que “los vehículos oficiales únicamente podrán ser utilizados dentro del horario de tareas”. Aparte, contempla que “las máximas autoridades de cada Poder, Municipio o Ente deberán adoptar medidas estrictas para el uso energético racional y eficiente en todos los edificios públicos”.
