El estado de asamblea en el que se mantiene el peronismo refleja tantas tensiones y disonancias internas como este presente -por ahora- contradictorio.
Si el gobierno aparece hundido como nunca en las encuestas (peor que Mauricio Macri en su declinación de 2018), en las roscas parlamentarias y las intrigas del Congreso puede exhibirse victorioso: bloqueó la interpelación a Manuel Adorni y le dio media sanción al ajuste en las tarifas vía reforma del régimen de Zonas Frías. En el caso de la principal fuerza opositora, las diferencias de hoy pueden reducirse -más pronto que tarde- a desacuerdos incómodos pero olvidables. Eso siempre que aparezca un factor ordenador; como un escenario cada vez más cercano de alternancia y retorno al poder.
En los últimos 15 días los matices emergieron en un flanco sensible: el vínculo con el Poder Judicial. Tras la votación separada del interbloque peronista que contribuyó a darle cinco años más a Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal se sumó otro hecho que tendrá repercusiones. Fue la declaración en el juicio oral de la causa Cuadernos del uruguayo Julio César Silva, encargado del edificio del barrio de Recoleta en el que vivía CFK antes de mudarse a San José 1111 (donde cumple su prisión domiciliaria).
El último jueves, al presentarse ante los miembros del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 7, Silva aseguró que su declaración original ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio había sido condicionada por presiones y amedrentamiento. “No te olvides nunca que tenés dos hijas”, sostuvo que le dijeron en aquella oportunidad -agosto de 2018- cuando fue a brindar su testimonio. “Me citaron a una testimonial pero estuve en un interrogatorio”, agregó esta semana, a partir de una pregunta de la fiscal Fabiana León y bajo juramento de decir verdad. Ocho años atrás, en cambio, había estampado firma en una declaración como testigo en la que hablaba de bolsos que todas las semanas eran ingresados al departamento de Juncal 1411, CABA.
La novedad sorprendió y pareció incomodar a quienes llevan adelante el debate oral; tuvo efectos y reacciones tan variadas como contradictorias. Algunos pusieron el foco sobre el encargado del edificio y remarcaron que se había desdicho de lo declarado previamente; otros destacaron la gravedad de lo denunciado por Silva y recordaron que entre los imputados de la causa hubo más de veinte que denunciaron haber sido presionados y/o intimidados (en la causa, vale recordarlo, se aplicó la figura del «imputado colaborador» incorporada a la legislación a través de la llamada «Ley del Arrepentido» -27304- aprobada en noviembre de 2016 durante la gestión de Mauricio Macri).
Sin duda, el primero y más recordado de todos los cuestionamientos fue el de Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, quien estuvo un año y medio preso entre prisión efectiva y domiciliaria con tobillera electrónica. Esta semana, el propio Ferreyra reconstruyó un cruce con Stornelli durante una entrevista en los estudios de la AM530: “Stornelli me dijo: ‘Tenés que arrepentirte de haber colaborado con el matrimonio de los dos mugrientos que estaban en la Rosada; si no, vas preso’.”
En el arco opositor, las palabras del portero Silva profundizaron los cuestionamientos -durísimos en algunos casos, más elípticos en otros- como también la desconfianza que inspiran las prácticas judiciales de Stornelli y, hasta su fallecimiento, las del propio Bonadio. En diálogo con Tiempo, el exministro de Justicia y actual senador nacional por Río Negro Martín Soria (Bloque Justicialista) planteó que los dichos del encargado del edificio y testigo en el juicio oral no le provocaban “nada de sorpresa”. “Cualquier causa en la que hayan intervenido Bonadio y Stornelli es, desde el primer día, claramente parte de un armado judicial, una causa armada”, desacreditó.
Otro legislador del peronismo y con conocimiento del mundo judicial, el diputado Eduardo Valdés, relacionó los dichos del testigo Silva con una serie de antecedentes, que enumeró en detalle. “Antes que hablara el encargado hubo veintisiete empresarios que dijeron que en esta causa fueron inducidos a declarar en contra (de CFK). Lo advirtieron sus abogados de quienes se sabe, públicamente, que no son del espacio de Cristina”, subrayó. Y amplió: “El doctor Zenón Ceballos, que es el abogado de quien fue presidente de la Cámara de la Construcción, (Carlos) Wagner (de la constructora Esuco), dijo literalmente: ‘Mi cliente fue a declarar cagado y meado.’ Pero no lo dijo metafóricamente sino literalmente. Porque primero lo detuvieron y lo tuvieron encerrado en la alcaldía de Tribunales con olores nauseabundos, después lo pasearon por todos lados con un chaleco antibalas y lo sentaron a prestar declaración.”
Valdés, en ese sentido, mencionó una serie de circunstancias que -dijo- justificarían poner en discusión la legalidad con la que se aplicó la ley del arrepentido en el primer tramo de la causa. Dijo que el letrado (Eduardo) Oderigo (“uno de los abogados de los estudios jurídicos más prestigiosos de Derecho Penal Procesal del país”, lo definió) contó que sus defendidos habían vivido “algo muy similar” a lo ocurrido con Wagner. Oderigo es abogado de los empresarios Gustavo Dalla Tea y Mauro Guatti. Valdés, además, nombró a los penalistas Valerga Aráoz, padre e hijo (Juan Valerga Aráoz padre formó parte de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes de la Junta), quienes defienden a otro empresario involucrado en la causa (Aldo Roggio). “Él y su hijo dijeron algo en el mismo sentido”, insistió el diputado a modo de ejemplo.
Por último, Valdés cuestionó que a Cristóbal López lo hayan incorporado a la causa Cuadernos cuando no aparecía en las (tan discutidas) anotaciones del chofer Oscar Centeno: “A él (por el dueño del Grupo Indalo) lo nombra (Ernesto) Clarens, pero habla de una empresa que se llamaba PTC (por Petersen, Thiele y Cruz, una de las constructoras más grandes del país y perteneciente al hólding de la familia Eskenazi) y claro, cuando la ve Bonadio, le dice (a Clarens): ‘PTC son mis amigos, cambiame la declaración’. Es entonces que Clarens declara: ‘Me equivoqué, no era PTC sino CPC (constructora de Indalo), que era justamente la empresa de López”. Otro cuestionamiento a la instrucción de la causa es el que transmitió a Tiempo el exdiputado e histórico de la UCR Leopoldo Moreau. “En el inicio de Cuadernos hubo fórum shopping”, puntualizó Moreau al aludir a la estrategia de Bonadio para quedarse con la causa: en ese juzgado tramitaba la causa por la compra de GNL y dijo que había conexidades.
De todos modos, las miradas del peronismo sobre Cuadernos incluyen matices: se perciben distintos énfasis aunque todo bajo una perceptible toma de distancia -incluso desconfianza- frente a la actuación judicial. Consultado por Tiempo, el diputado Sebastián Galmarini (UxP desde Frente Renovador) defendió la figura de la ley del arrepentido (“es una buena norma pero uno no le puede pedir a una herramienta que sirva para todas las cosas”) y exhortó a que el Poder Judicial llegue a conclusiones en base a pruebas. “Tanto para investigar si efectivamente sucedió aquello que le imputaban a varios funcionarios o si hubo presiones para que esos testigos declaren en contra de la verdad lo que tiene que haber es una investigación que lo pruebe”, remarcó.
