El Gobierno nacional ha finalizado la redacción de un ambicioso proyecto de reforma migratoria que busca imponer mayores restricciones a la residencia y ciudadanía de extranjeros en Argentina. La iniciativa, que será enviada en breve a la Cámara de Diputados, también contempla modificaciones en los procesos de deportación y la implementación de aranceles para el acceso a servicios de salud y educación para no residentes.
Endurecimiento en la entrega de residencias y ciudadanías
Uno de los ejes principales de la reforma es la restricción en la concesión de residencias y ciudadanías a extranjeros. El objetivo del Ejecutivo es endurecer los requisitos para quienes deseen establecerse en el país de manera permanente, limitando el acceso a ciertos beneficios para aquellos que no cuenten con documentación en regla.
Según fuentes oficiales, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, lideró la elaboración de los aspectos técnicos del proyecto, mientras que el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, se encargará de las negociaciones legislativas para su aprobación.
Aranceles sanitarios y universitarios para extranjeros
Otro punto clave de la reforma es la implementación de aranceles en los servicios de salud y educación para los extranjeros no residentes. La medida busca que los inmigrantes que no tengan residencia permanente deban abonar por la atención médica y el acceso a la educación universitaria, lo que supone un cambio significativo en la política de gratuidad que ha caracterizado históricamente a Argentina.
Si bien aún no se han definido los montos específicos de estos aranceles, se espera que el gobierno presente un esquema detallado en las próximas semanas.
Aceleración en los procesos de deportación
La Casa Rosada también impulsa una modificación en el proceso de deportación de inmigrantes en situación irregular. Actualmente, la Ley de Migraciones (25.871) establece un proceso judicial que puede extenderse por largos períodos. La reforma busca agilizar la expulsión de extranjeros sin documentación mediante una reducción en los tiempos de sentencia y una menor cantidad de instancias judiciales.
Para lograr este cambio, el oficialismo intentará negociar con los gobernadores y obtener respaldo en el Congreso. Sin embargo, ante la posible falta de consenso, no descarta impulsar la reforma mediante un decreto reglamentario.
Otras reformas legislativas en agenda
Además de la reforma migratoria, el Gobierno planea avanzar en otros cambios normativos significativos, entre ellos:
*Modificación del Código Penal: Se incluiría la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, el aumento de penas para diversos delitos y la extensión de la cadena perpetua.
*Eliminación de cupos laborales en el Estado: Se busca derogar la Ley 27.636, que establece un cupo mínimo del 1% para personas travestis, transexuales y transgénero en el empleo público.
*Revisión de la legislación sobre femicidio: El Ejecutivo propone equiparar las penas para hombres y mujeres en delitos relacionados con violencia de pareja.
Estrategia política y desafíos legislativos
El oficialismo reconoce que el escenario en el Congreso es complicado y que la aprobación de estas reformas no está garantizada. Sin embargo, el Gobierno considera que la presentación de estos proyectos permitirá instalar su agenda y reforzar su discurso en vísperas de las elecciones legislativas de medio término.
A medida que se acerca la fecha de envío del proyecto de reforma migratoria, crecen las expectativas sobre el impacto que estas medidas podrían tener en la comunidad extranjera en Argentina y en el debate político nacional. La iniciativa seguramente generará reacciones tanto en sectores que apoyan un mayor control migratorio como en organizaciones defensoras de los derechos humanos que podrían considerarla restrictiva y discriminatoria.
