El Gobierno nacional oficializó este martes la desregulación total del régimen de control sobre los aranceles de los colegios privados, una medida que pone fin a más de tres décadas de supervisión estatal en la fijación de cuotas y matrículas en instituciones educativas de gestión privada.
La decisión fue establecida mediante el Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, y deroga el Decreto 2417/1993, que desde hace más de 30 años regulaba la forma en que los establecimientos debían comunicar a las familias los valores de la matrícula, las cuotas y los plazos de pago, además de exigir la autorización previa del Estado para su modificación.
Hasta ahora, las instituciones privadas estaban obligadas a presentar los montos y condiciones de cobro antes del 31 de octubre de cada año, con una prórroga reciente hasta el 15 de noviembre. El decreto derogado también establecía la necesidad de acordar los nuevos valores con los padres o tutores de los estudiantes. En caso de no alcanzarse un entendimiento, los colegios debían mantener los aranceles del ciclo lectivo anterior.
El argumento del Gobierno
En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostuvo que la regulación eliminada "presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos privados a las realidades educativas y económicas del país".
Según el texto oficial, el decreto de 1993 fue dictado en un contexto normativo distinto, cuando la educación aún estaba bajo la órbita del Gobierno nacional, antes de la transferencia de competencias a las provincias. "Este cambio en la administración educativa justifica la revisión del régimen para adecuarlo al actual esquema federal", indicó el documento.
Asimismo, el Gobierno de Javier Milei consideró que la estructura de costos del sector "ha variado significativamente en las últimas décadas", y que el sistema anterior "afectaba la viabilidad económica de los institutos" al impedirles ajustar sus precios según las fluctuaciones del mercado.
"Libre contratación" y efectos sobre las familias
El texto oficial también argumenta que la intervención estatal "ha generado efectos contraproducentes", entre ellos la incertidumbre económica en los colegios, que se veían forzados a fijar cuotas más altas desde el inicio del ciclo lectivo por temor a no poder cubrir los incrementos de costos sin autorización oficial.
De acuerdo con la administración nacional, esta situación terminaba afectando a las familias, ya que debían afrontar aranceles más elevados desde el comienzo del año escolar, limitando sus posibilidades de elección y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones.
"Este mecanismo perjudica a las familias y restringe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos, que al ser entidades privadas deberían poder definir libremente sus condiciones de contratación y las remuneraciones de su personal", señala el decreto.
El texto también advierte que el carácter fijo de las tarifas impuestas por el Estado podría haber derivado en una precarización de la calidad educativa, al limitar la capacidad de las instituciones para responder a los aumentos de costos de insumos, salarios y mantenimiento.
Por esa razón, el Ejecutivo reafirma que "el principio de libre contratación debe ser resguardado", permitiendo que cada establecimiento defina sus políticas de precios y compensaciones en el marco de una competencia leal y de acuerdo con la dinámica del mercado.
Un cambio estructural en el sistema educativo privado
La decisión marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los colegios privados, que a partir de ahora no tendrán la obligación de informar ni pedir aval oficial para modificar sus aranceles.
Si bien desde el Gobierno se argumenta que la medida favorecerá la "agilidad administrativa y la sustentabilidad económica" del sector, especialistas en educación y asociaciones de consumidores ya advierten que podría generar un aumento sostenido de las cuotas escolares y ampliar la brecha de acceso entre familias de distintos niveles socioeconómicos.
Con la derogación del histórico decreto de 1993, el Ejecutivo da un nuevo paso en su política de desregulación y liberalización de precios, extendida ahora al ámbito educativo, en línea con los principios de libertad de mercado que impulsa la administración de Milei.
