Catamarca se posiciona a la vanguardia en materia de modernización estatal con la aprobación de la Ley N° 5.919, que protege los activos digitales de los tres poderes del Estado provincial. El Senado otorgó sanción definitiva al proyecto presentado por el diputado Juan Carlos Ledesma, que busca evitar la pérdida de información pública y fortalecer la transparencia durante las transiciones de gobierno.
La norma regula la conservación, transición y protección de redes sociales, páginas web, correos institucionales y servidores oficiales. Su objetivo es garantizar la continuidad institucional, preservar la memoria digital del Estado y asegurar el acceso ciudadano a contenidos públicos relevantes.
"La institucionalidad no puede quedar librada al azar de una contraseña o al humor de un administrador saliente. Esta ley pone reglas claras, garantiza la responsabilidad y fortalece la transparencia en la gestión pública digital", expresó Ledesma tras la aprobación.
Durante el debate en el Senado, el legislador por Santa María, Antonio Camposano, respaldó la iniciativa y subrayó que "se trata de una herramienta necesaria para cuidar el patrimonio institucional y la identidad digital del Estado. No se trata solo de tecnología, sino de responsabilidad y continuidad democrática".
La flamante ley contempla la creación de un Repositorio Único de Activos Digitales, un Protocolo de Traspaso entre gestiones y una invitación a los municipios para adherirse a la normativa, promoviendo un estándar común de resguardo de la información oficial.
Ledesma recordó el precedente nacional tras el cambio presidencial de 2023, cuando el gobierno entrante creó nuevas cuentas oficiales y dejó las anteriores como archivos, generando —según señaló— "confusión y debilitamiento de la transparencia".
"Más que archivo, eso fue una confusión. La ciudadanía merece orden, claridad y acceso pleno a la información", sostuvo.
Con esta sanción, Catamarca se convierte en una de las primeras provincias del país en contar con una legislación específica sobre activos digitales públicos, asegurando que la identidad institucional y la información estatal trasciendan los cambios políticos y administrativos.
