En respuesta a la compleja situación económica que atraviesa la provincia, el gobernador Raúl Jalil ha implementado una significativa reestructuración en el gabinete provincial, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la eficiencia en la gestión pública.
Uno de los cambios más destacados es la fusión del Ministerio de Economía con el de Infraestructura y Obras Civiles, dando lugar a un "superministerio" que estará bajo la conducción de Juan Alberto Marchetti, actual titular de Infraestructura. Esta medida busca centralizar y coordinar de manera más efectiva las políticas económicas y de infraestructura de la provincia.
En el ámbito de la seguridad, el Ministerio de Seguridad se integra al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Nicolás Rosales Matienzo continuará al frente de esta cartera unificada. El área de Seguridad tendrá dos “patas”: por un lado asumirá el actual secretario de Gestión Administrativa, Leandro Luna, y por otro estará el comisario Marcos Herrera. Por el momento, se comprende que serán dos áreas distintas pero no se conoce qué rango tendrá cada una.
Asimismo, se ha decidido unificar el Ministerio de Educación con el de Ciencia e Innovación Tecnológica, manteniéndose Dalmacio Mera como responsable de la nueva cartera fusionada. Esta integración pretende fortalecer la vinculación entre las políticas educativas y el desarrollo científico-tecnológico en la provincia.
En cuanto al Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni continuará en su cargo, asegurando la continuidad de las políticas sociales en marcha.
Por su parte, en el Ministerio de Producción, Juan Cruz Miranda mantendrá la titularidad, acompañado por Sebastián Caria, quien se desempeñará como secretario dentro de la misma cartera.
El Ministerio de Transporte mantendrá a Eduardo Andrada como su titular, garantizando la estabilidad en las políticas de transporte e infraestructura vial.
Estas decisiones se enmarcan en una estrategia del Ejecutivo provincial para reducir el gasto público y optimizar la estructura gubernamental, en consonancia con la vigencia de la Ley de Emergencia Económica y la caída en la coparticipación nacional que afecta las finanzas de Catamarca.
