Teniendo en cuenta como caso testigo lo sucedido con la empresa Textilcom, que no solo dejó a más de 100 personas sin su fuente laboral, sino que también se les adeuda sus salarios, la diputada oficialista María Argerich presentó un proyecto que permita a la Justicia dictar un embargo preventivo de bienes si la empresa recibió asistencia financiera de parte de la Provincia. La idea de la legisladora es introducir un párrafo concreto al Código Procesal del Trabajo local. En este sentido, propone se pueda decretar el embargo preventivo sobre los bienes del deudor “en caso de que el empleador hubiese recibido subsidios, beneficios, incentivos o cualquier tipo de ayuda por parte del Gobierno provincial y de manera injustificada deje de abonar salarios, indemnizaciones y/o provoque el cierre del establecimiento intempestivamente”. Dentro de la iniciativa, Argerich indica que comunmente los gobiernos implementan “medidas de apoyo financiero para ayudar a las empresas a mantenerse a flote y proteger los empleos”.
La diputada también rescata que hay casos “en los que, a pesar de recibir estas ayudas, algunos empleadores incumplen con sus obligaciones laborales, ya sea no pagando salarios e indemnizaciones a sus trabajadores o cerrando sus fábricas de manera intempestiva y sin justificación adecuada”. Sobre este eje, ilustra su punto con la empresa Textilcom, “donde pese a las ayudas y el apoyo recibido por el Gobierno provincial, sus dueños han procedido a despedir trabajadores sin la debida indemnización y han cerrado su planta productiva, dejando a sus empleados en una situación de vulnerabilidad económica”. Así, Argerich destaca que el proyecto “busca establecer una limitación a dicho accionar contrario a derecho, una protección al patrimonio de los trabajadores y asegurar que las ayudas gubernamentales sean utilizadas de manera responsable y conforme a su propósito”. De esta forma, explica que su propuesta de incorporar un inciso al artículo 57 del Código Procesal del Trabajo permitirá a los jueces “tener una herramienta más eficaz contra los empleadores que pretendan aprovecharse de la ayuda gubernamental sin cumplir con sus obligaciones laborales, mediante el embargo de bienes”. “En caso de que un empleador, que haya recibido ayuda del Gobierno, no cumpla con el pago de salarios o indemnizaciones a sus trabajadores, o decrete el cierre intempestivo de la fábrica sin las formalidades requeridas, se proceda al embargo de bienes cuya finalidad es asegurar el pago de las obligaciones pendientes”, precisa.
