Con la idea de establecer un marco legal por fuera del contemplado en la Ley de Emergencia Económica (que desde el Gobierno se aseguró que iba a prorrogar), el diputado opositor Tiago Puente (UCR) presentó un proyecto para que el régimen de retiro voluntario en los tres poderes del Estado tenga una ley propia.
Una de las diferencias al régimen vigente radica en que la propuesta opositora da la posibilidad de desistir dentro de los 30 días de la solicitud de adhesión.
“A los empleados de la administración pública se les debe garantizar un régimen que les permita acceder al beneficio sin tener que depender de una emergencia inventada por Raúl Jalil”, señaló Puente a través de las redes sociales para explicar que actualmente el retiro voluntario “es parte de la Ley de Emergencia Económica, una ley que no tiene razón de ser, pero que a Jalil le está pareciendo buena idea prorrogarla por un tiempo más. ¿Por qué y para qué? Sólo él lo sabe”.
Además, indicó que “la excusa ahora es que la Provincia tiene que seguir en estado de emergencia porque ‘justo que la gente se está acogiendo al beneficio sería incorrecto sacarlo’”. No obstante, el diputado radical evaluó: “Esto se podría haber solucionado si retiro y emergencia iban por caminos distintos, pero no, capricho es capricho y así lo hicieron”.
“Para evitar futuros problemas y hacer las cosas bien presenté un proyecto que garantice el acceso al régimen de retiro voluntario mediante una ley propia que además de proteger los intereses laborales de los empleados, ofrezca acompañamiento técnico a quienes decidan acceder a aquél”, mencionó el legislador.
Ahora bien, dentro de la iniciativa en cuestión, el diputado sostiene que la implementación de su propuesta “permitirá una reducción progresiva de la nómina salarial del Estado, al mismo tiempo que se elimina la rigidez estructural que representa mantener cargos en áreas donde los agentes ya no son indispensables”.
Además, remarca: “El régimen propuesto es completamente voluntario y respeta los derechos adquiridos por agentes, brindando una alternativa financiera que cubre las necesidades de aquellos que decidan adherirse. La compensación pecuniaria diseñada asegura una transición digna hacia la pasividad”.
A la vez comenta que se “establece excepciones claras para garantizar la continuidad de los servicios esenciales del Estado, como seguridad, salud, educación y otros sectores estratégicos”, a fin de asegurar “que el retiro voluntario no afecte la calidad ni la disponibilidad de los servicios públicos”.
“Se espera que la reducción de la planta de personal, combinada con la eliminación de cargos vacantes, genere un ahorro significativo en los recursos del Estado, que podrá ser redirigido hacia áreas prioritarias, como inversiones en infraestructura, capacitación de recursos humanos o programas sociales”, esgrime Puente dentro del proyecto.
En cuanto al articulado, el legislador propone que puedan acceder al régimen los varones desde los 50 años y las mujeres desde los 45 años, ambos con una antigüedad mínima de cinco años. En otro artículo, sugiere que los agentes que se acojan al régimen de retiro voluntario no “tendrán derecho al cobro de licencias pendientes, debiendo hacer uso de las mismas antes de que se efectivice la baja”.
Además, Puente incluye una cláusula de flexibilidad: esto es que “los agentes podrán desistir de su adhesión al régimen de retiro voluntario dentro de un plazo de 30 días desde la presentación de la solicitud, sin penalizaciones ni consecuencias adversas”.
