La Unión Tranviarios Automotor Seccional Catamarca-La Rioja confirmó su adhesión al paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 19, en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La decisión implica que no circularán colectivos durante toda la jornada, afectando tanto el sistema urbano como el interurbano de transporte público de pasajeros.
La medida de fuerza se inscribe en una convocatoria nacional impulsada por la CGT, que más temprano había ratificado el paro general en rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno de Javier Milei. La jornada, planteada como un punto de inflexión en el debate sobre el modelo laboral, busca expresar un rechazo contundente al contenido de la iniciativa oficial.
Desde la central obrera que nuclea a los trabajadores fueron categóricos: "no se entregarán las conquistas laborales". Y añadieron una advertencia que marca el tono del conflicto: "Este es el comienzo".
Un llamado a los diputados en el día del debate
En conferencia de prensa, el triunvirato cegetista realizó un "llamado a la reflexión" dirigido a los legisladores nacionales. El pedido fue concreto: que actúen con "responsabilidad política" y que no acompañen el proyecto oficial. Según expresaron, los diputados deben "representar a los trabajadores, que también los votaron".
La conducción sindical subrayó que el paro general será "contundente" y que el objetivo es que "no haya nadie en la calle", como muestra de rechazo a la reforma laboral. La estrategia, según dejaron entrever, apunta a una señal pública de magnitud en el mismo momento en que el Congreso debate una iniciativa que consideran regresiva en términos de derechos.
Los ejes de la crítica sindical
El cotitular cegetista Jorge Sola (Seguro) fue quien abrió la rueda de prensa y expuso los principales cuestionamientos. Según su análisis, la reforma laboral impulsada por Javier Milei implica una "gran transferencia de recursos económicos" desde los trabajadores hacia los empleadores, además de un debilitamiento de los derechos laborales en Argentina.
Sola contextualizó su postura en lo que describió como una crisis sociolaboral profunda, respaldada por una serie de datos concretos:
300 mil puestos de trabajo formales perdidos en los últimos dos años.
El cierre de Fate, que dejó a casi 1000 trabajadores desempleados.
La desaparición de más de 21 mil pymes.
La pérdida de 400 puestos de trabajo formales cada día.
Una industria que opera con menos del 50% de su capacidad instalada.
Estos indicadores, sostuvo, están vinculados con la "apertura indiscriminada de la importación", fenómeno que, según su lectura, impacta negativamente sobre la producción y el empleo local.
Tres ejes en disputa y una cifra millonaria
De acuerdo con el dirigente sindical, la reforma laboral afecta tres ejes fundamentales:
Lesiona derechos individuales.
Debilita derechos colectivos de los gremios.
Promueve una transferencia monetaria significativa a los empleadores.
En este último punto, Sola fue particularmente enfático. Afirmó que el proyecto implicaría una transferencia de 6000 millones de dólares anuales al sector de los empleadores, recursos que, según advirtió, "van a ir al sector financiero".
Esa transferencia estaría relacionada con:
La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
El pago de indemnizaciones mediante salario diferido.
Una reducción en los aportes patronales.
Para la CGT, este esquema no sólo modifica la estructura de costos laborales, sino que altera el equilibrio histórico entre capital y trabajo, desplazando recursos en detrimento de los trabajadores.
Inconstitucionalidad y rechazo a las promesas oficiales
En su exposición, Sola también rechazó lo que calificó como la "promesa futura" de creación de empleo genuino que, según el Gobierno, derivaría de la reforma laboral. A su entender, el costo actual en términos de pérdida de derechos resulta "demasiado costosa" e incluso "incumplida" frente a las expectativas generadas.
El dirigente fue más allá al plantear la inconstitucionalidad del proyecto, al considerar que "atenta contra el principio protectorio del derecho laboral y el principio de progresividad, que impide la reducción de derechos preexistentes". Esta afirmación coloca el debate no sólo en el plano político y económico, sino también en el jurídico.
Una jornada que marcará el pulso del conflicto
La adhesión de la UTA en Catamarca-La Rioja garantiza un impacto concreto en la vida cotidiana de miles de usuarios que dependen del transporte público. Pero más allá de la afectación inmediata, el paro general se configura como una demostración de fuerza sindical en un momento clave.
Con el Congreso debatiendo la reforma laboral y la CGT planteando una oposición frontal, el jueves 19 se perfila como una jornada de alto voltaje político y social. El transporte paralizado en Catamarca será, en ese contexto, una de las expresiones más visibles de un conflicto que recién comienza y que, según anticiparon desde la central obrera, no se agotará en una sola medida de fuerza.
