Una jueza federal de Río Grande hizo lugar a una medida de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, que advirtió sobre el riesgo de perder el estatus de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.
La Justicia Federal de Río Grande ha dictado una medida cautelar que suspende por 30 días la aplicación de la Resolución 460/2025 del Senasa, la cual autorizaba el ingreso de carne con hueso a la Patagonia desde zonas donde sí se vacuna contra la fiebre aftosa. La decisión responde a un amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego, que advirtió sobre las graves consecuencias de perder el estatus sanitario de la región.
El fallo, emitido por la jueza Mariel Borruto, considera que la resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) podría poner en riesgo la situación de la Patagonia como región libre de fiebre aftosa sin vacunación, un estatus logrado tras décadas de trabajo conjunto entre el sector público y privado.
La Asociación Rural argumentó que la medida del Senasa representaba un riesgo "grave e inmediato" de perder el reconocimiento internacional, lo que podría generar un impacto negativo en la economía y el empleo local, incluyendo el cierre de mercados y la pérdida de contratos de exportación.
Un hecho clave que respaldó la medida judicial fue la decisión del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, que suspendió el estatus sanitario patagónico tras la entrada en vigencia de la resolución del Senasa, lo que afectó directamente las exportaciones de la región. La Unión Europea también había advertido sobre la posibilidad de realizar auditorías de control.
Aunque el Senasa defendió la normativa, argumentando que no representaba riesgos y buscaba "armonizar la normativa nacional con los estándares internacionales", la jueza consideró que los fundamentos eran insuficientes y no contemplaban las particularidades de Tierra del Fuego, cuya insularidad implica el paso por controles chilenos.
La cautelar estará vigente por 30 días, periodo en el cual la Asociación Rural deberá presentar una caución real de cinco millones de pesos. Mientras tanto, se espera la definición de organismos internacionales y de las autoridades chilenas respecto al estatus sanitario de la región.
