La Conferencia Episcopal Argentina pidió al Gobierno extender la emergencia hasta que exista una nueva ley sancionada y reglamentada. También reclamó revisar los recortes presupuestarios y puso el foco en las deudas pendientes del sistema, las pensiones demoradas y el riesgo de regresividad en los derechos.
En un contexto que los representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) definieron como "particularmente difícil" para el sector de Discapacidad, la Iglesia reclamó este lunes al Gobierno que prorrogue la emergencia vigente hasta la sanción y reglamentación de una nueva ley. El pedido incluye, además, una revisión de los recortes contemplados en el Presupuesto 2027.
El planteo quedó formalizado en un documento entregado por integrantes del Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social a funcionarios del Ministerio de Salud, durante el encuentro desarrollado esta mañana en esa cartera.
La advertencia central está vinculada con el próximo vencimiento de la emergencia en discapacidad, previsto para fin de año. Frente a ese límite temporal, el oficialismo consiguió en la Cámara de Diputados un dictamen de mayoría, respaldado por 42 firmas, para reemplazar la emergencia por un esquema permanente. La oposición, en cambio, reunió 36 firmas para impulsar su prórroga.
Para las autoridades religiosas, esa situación plantea "un serio riesgo": que el proceso legislativo no concluya antes del 31 de diciembre y que el sistema quede sin un marco legal definido, precisamente cuando ya se encuentra en marcha la planificación de las prestaciones correspondientes a 2027.
La transición y el principio de no regresividad
El documento de la Iglesia reconoce que el proyecto oficial contiene aspectos que pueden ser considerados mejoras. Sin embargo, cuestiona que una ley permanente pueda aprobarse "a costa de cerrar anticipadamente la emergencia o de reducir derechos adquiridos".
En ese punto, la Pastoral Social reclama que el proceso incluya la participación de quienes integran directamente el sistema. El pedido abarca a las personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones y los profesionales, de acuerdo con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Iglesia también exige que cualquier transición entre el régimen de emergencia y un eventual esquema permanente respete el principio de no regresividad, de modo que el cambio de marco legal no implique una reducción de los derechos ya reconocidos.
Las obligaciones pendientes y una compensación que no llegó al sistema
Otro de los ejes del documento está puesto en las obligaciones que, según la Iglesia, permanecen pendientes bajo la legislación vigente. Entre ellas aparece la compensación correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, que representa una actualización del 30,67%.
Ese porcentaje debía constituirse en la base arancelaria a partir del 1° de enero de 2025. Sin embargo, de acuerdo con el texto presentado por la CEA, la actualización no fue trasladada al sistema. El resultado señalado por la Iglesia es que las prestaciones continúan atrasadas frente a los costos reales.
A esta situación se suman otros incumplimientos mencionados en el documento:
El estudio de costos previsto por la norma.
Las medidas necesarias para que ARCA condone intereses y multas a los prestadores.
La resolución que dejó fuera de la compensación a determinadas obras sociales sindicales, prepagas y obras sociales no sindicales.
El planteo coloca así el problema no solamente en la discusión sobre el futuro régimen de discapacidad, sino también en el cumplimiento de compromisos vinculados con el sistema actualmente vigente.
Más de 200.000 trámites de pensiones pendientes
La situación de las pensiones constituye otro de los puntos destacados por la Iglesia. Según el documento, existen más de 200.000 trámites pendientes, mientras que en los últimos tres años fueron otorgadas menos de 10.000 pensiones.
Para la CEA, la dimensión de esas demoras tiene consecuencias que exceden los tiempos propios de una gestión administrativa. "Los tiempos administrativos no son neutros", sostuvieron desde la Iglesia, al remarcar que las demoras repercuten directamente sobre la autonomía de las personas y sobre el acceso a otros derechos.
El dato sobre los trámites pendientes aparece, de este modo, como una de las expresiones más concretas de las dificultades que atraviesa el sector y como un aspecto que la Iglesia incorpora a su reclamo general por una transición que no implique retrocesos.
La advertencia sobre el Presupuesto 2027
En paralelo con la discusión legislativa sobre la emergencia, la CEA pidió revisar los artículos 36 a 41 del Presupuesto 2027.
Según el documento, esas disposiciones "podrían afectar de manera sustancial el sistema de derechos" de las personas con discapacidad. La Iglesia sostiene además que esos artículos contradicen tanto la legislación vigente como el proyecto de ley que actualmente se encuentra en debate.
La advertencia presupuestaria se integra así con el resto del planteo: la eventual sanción de un régimen permanente, la continuidad de la emergencia, el financiamiento de las prestaciones, las compensaciones pendientes y la situación de las pensiones forman parte de un mismo escenario que, para la Pastoral Social, requiere evitar decisiones que puedan traducirse en una reducción de derechos.
El mensaje final, con referencia a León XIV
El documento de la Iglesia concluye con una referencia al papa León XIV y a su encíclica Magnifica Humanitas. Desde la Pastoral Social, el planteo sostiene que el acceso a la salud y a los apoyos necesarios para una vida digna no puede quedar subordinado a "variables de ajuste económico".
La definición adquiere un contexto particular porque el mensaje se conoce a poco más de un mes de la visita prevista del sumo pontífice. Entre las paradas contempladas figura el Cottolengo Don Orione, en una agenda que coloca nuevamente en primer plano la cuestión de la discapacidad.
El reclamo presentado ante el Ministerio de Salud queda, así, atravesado por una urgencia concreta: el vencimiento de la emergencia a fin de año y la posibilidad de que la discusión legislativa no llegue a completarse antes de esa fecha. Al mismo tiempo, la Iglesia pone sobre la mesa las obligaciones pendientes, la actualización que no se trasladó al sistema, los trámites de pensiones acumulados y las disposiciones del Presupuesto 2027 que considera potencialmente regresivas. En ese conjunto de elementos se concentra su pedido de sostener el marco legal vigente hasta que exista una nueva norma sancionada y reglamentada.
