Entre las medidas destacadas, se establece la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes, en conciertos al aire libre y en campus universitarios. Por primera vez, también se prohíbe fumar y vapear a menores, quienes podrán ser sancionados con multas en caso de incumplimiento.
La norma equipara a los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de vapeo con el tabaco tradicional, incluyendo productos con nicotina y hierbas. Además, se prohíbe la venta de vaporizadores desechables, justificando la medida tanto por su impacto ambiental como por su efecto de enganche en jóvenes debido a sus sabores y envoltorios llamativos.
La ley establece que fumar estará prohibido en un radio de 15 metros alrededor de centros educativos, sanitarios, universitarios y sociales. También se vetará el tabaco y los dispositivos de vapeo en instalaciones deportivas, parques infantiles, estaciones de transporte y vehículos de trabajo o de transporte con conductor.
Los responsables de espacios donde esté prohibido fumar deberán colocar señalización visible. Asimismo, se prohíbe toda forma de publicidad de tabaco y productos relacionados, incluyendo anuncios en medios, redes sociales, mobiliario urbano o equipamiento de hostelería. También se impide el patrocinio de eventos culturales, deportivos o contenidos digitales por parte de empresas del sector.
El anteproyecto aprobado ahora sale a audiencia pública, donde sociedades, comunidades e industria pueden presentar alegaciones. Tras esta etapa, el texto definitivo deberá ser revisado nuevamente por el Consejo de Ministros y luego enviado al Congreso y al Senado. Se espera que el proceso completo tome varios meses antes de que las prohibiciones entren en vigor.
Las infracciones podrán alcanzar multas de hasta 600.000 euros. Se establece un periodo transitorio de 12 meses para que fabricantes adapten sus productos y agoten existencias de vaporizadores de un solo uso.
La ley prevé la creación de un Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, que contará con participación del Gobierno, sociedades científicas y la sociedad civil. Este organismo realizará informes cada dos años sobre la aplicación de la norma y sus resultados en salud pública. Además, se impulsarán programas de prevención, educación y cesación tabáquica.
