Por segunda vez, el fiscal federal Guillermo Marijuán sostuvo en un dictamen que no hay elementos de prueba para sostener la imputación contra Cristina Kirchner en la causa conocida como la Ruta del Dinero. En ese expediente, tras su reapertura por orden de la Cámara Federal porteña, la ex vicepresidenta se encuentra acusada por lavado de dinero. La causa se reabrió el año pasado, pero en el transcurso del 2024 hubo otra decisión que determinaba a seguir investigando el caso. La fiscalía insistió en la “falta de pruebas”.
“He realizado un análisis en punto a si alcanzan las probanzas para trascender procesalmente al menos a un procesamiento atribuyendo a la imputada, con pruebas suficientes, un rol como autora o partícipe de las maniobras concretas de lavado de dinero investigadas. Y, frente a ello, he tenido una respuesta negativa, y así la he expresado", ratificó Marijuán.
Después de aceptar como querellante a la asociación civil Bases Republicanas, los jueces de la Sala II del tribunal aceptaron su reclamo: el rechazo frente al criterio de excluir a la vice del expediente. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi -con la disidencia de su colega Eduardo Farah- ordenaron la reapertura de la investigación y que volverá a manos de Casanello.
Ante este escenario, el fiscal Marijuan volvió a intervenir y dijo que no hay elementos de prueba suficientes para incriminar a la ex presidenta y ex socia comercial de Lázaro Báez, quien ya fue condenado a diez años de cárcel por haber lavado 55 millones de dólares con su empresa Austral Construcciones, la misma que, según se estableció en el caso Vialidad, se vio beneficiada con 51 contratos viales adjudicados de forma irregular.
El tribunal revocó el sobreseimiento, reabrió la causa y ordenó una nueva evaluación de la prueba recolectada, y la organización ahora aceptada como querellante pidió la “nulidad” del dictamen exculpatorio de Marijuán.
El fiscal respondió con un furibundo documento de nueve páginas en el que insistió en que “la prueba reunida resulta insuficiente para avanzar en la imputación que le fuera dirigida" a la expresidenta.
Oportunamente ha sido analizada de manera detallada la situación procesal de Cristina Elizabeth Fernández con las distintas pruebas existentes en el expediente que, inexorablemente, me han llevado a la conclusión y a la petición de sobreseimiento formulada, que mantengo en todos sus términos", reiteró Marijuán.
El fiscal también cuestionó la decisión de la Cámara de admitir como querellante a la asociación civil Bases “sin que hasta el día de la fecha se pueda entender cuál es el fundamento para aceptarlos como parte en este proceso, y de esta manera generar una insólita e inédita inseguridad jurídica para las partes, ya que esa puerta que se abre podría multiplicarse sin límite por todas las personas que deseen participar de un proceso penal con la sola invocación de un agravio general e indirecto".
El dictamen le recordó a los camaristas que el 20 de marzo de 2019, los mismos jueces “y mientras la imputada Cristina Elizabeth Fernández detentaba un cargo público como senadora de la Nación decretó su falta de mérito valorando y teniendo amplio conocimiento, no sólo de esta causa en casi toda su extensión sino que también eran de conocimiento del Tribunal otros legajos que estaban en trámite (Hotesur, Vialidad y Cuadernos)”.
“Ni en aquella oportunidad, ni en estas últimas resoluciones la Cámara indica que haya mérito para disponer su procesamiento”, enfatizó.
Marijuán también refutó la recomendación de la Cámara de re evaluar tres elementos de prueba: la declaración del imputado colaborador Leonardo Fariña, los documentos y escrituras secuestrados en una escribanía y al testamento del co-imputado Lázaro Báez. “Son todas pruebas que se tuvieron a la vista por este Ministerio Público y por todos los magistrados y que ahora se resaltan como trascendentes, pero no se consideraron ni se indicaron como determinantes para ordenar o avanzar en un procesamiento”.
