El Gobierno nacional avanza en la elaboración de una reforma del mercado inmobiliario que podría modificar de manera profunda el ejercicio del corretaje en Argentina. Entre los cambios que analiza la administración de Javier Milei figura la flexibilización o eliminación de la matrícula obligatoria para desempeñarse como corredor inmobiliario.
La iniciativa fue confirmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien adelantó que durante junio el Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de reformas orientadas a reducir regulaciones en distintos sectores de la economía.
El anuncio se realizó durante un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el funcionario sostuvo que las modificaciones apuntan a disminuir costos dentro de las operaciones inmobiliarias y fomentar una mayor competencia.
"Creemos que habrá una notable reducción en los costos de compraventa y además vamos a quitar la pata del Estado para agilizar un mercado inmobiliario que siempre es activo", afirmó Sturzenegger.
Aunque el proyecto aún no ingresó formalmente al Congreso, dentro del sector inmobiliario ya se descuenta que incluirá cambios vinculados con la colegiación profesional, el corretaje y distintas regulaciones que actualmente rigen la actividad.
Según la visión oficial, muchas de las normas vigentes generan barreras que encarecen las operaciones para compradores, vendedores e inquilinos. Por ello, el objetivo es eliminar restricciones que, a criterio del Gobierno, limitan la competencia y favorecen estructuras corporativas.
Crece la tensión con las entidades inmobiliarias
La propuesta generó una fuerte reacción de colegios profesionales y cámaras inmobiliarias, que mantuvieron una reunión con funcionarios nacionales para exponer sus objeciones.
Del encuentro participaron representantes del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (COFECI), del Colegio Inmobiliario porteño y de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), quienes defendieron el rol de la matrícula profesional como herramienta de control, capacitación y protección para los usuarios.
La presidenta de COFECI, Marta Liotto, reconoció que la reunión evidenció profundas diferencias entre ambas posiciones.
"No fue una reunión sencilla porque estamos parados en posiciones distintas desde lo ideológico", sostuvo.
La dirigente remarcó que los corredores inmobiliarios administran e intermedian sobre bienes de alto valor económico y patrimonial, por lo que consideró indispensable mantener mecanismos de supervisión y control profesional.
Los cambios que analiza el Gobierno
De acuerdo con los lineamientos planteados por Sturzenegger y los borradores que circulan en el sector, la reforma incluiría una serie de modificaciones orientadas a flexibilizar el funcionamiento del mercado inmobiliario.
Entre los principales puntos se encuentran la eliminación o flexibilización de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje, la revisión de las facultades regulatorias de los colegios profesionales, la eliminación de honorarios mínimos obligatorios y la apertura a nuevos modelos de intermediación vinculados con plataformas tecnológicas Proptech.
También se analiza la digitalización de trámites, la simplificación de procesos administrativos y registrales, la reducción de barreras de ingreso para nuevos operadores y la revisión de restricciones que actualmente limitan la actividad entre distintas jurisdicciones del país.
Además, el Gobierno estudia impulsar una nueva ley de defensa de la competencia que también alcanzaría a colegios y entidades profesionales.
El respaldo del sector tecnológico
Uno de los principales defensores de la iniciativa es Jorge Amoreo Casotti, referente de la plataforma Proptech PINT, quien considera que la desregulación permitiría modernizar el mercado inmobiliario argentino.
Según explicó, una mayor competencia favorecería la aparición de nuevos modelos comerciales y reduciría costos asociados a la intermediación, comercialización y gestión administrativa de las operaciones.
Casotti también vinculó el debate con los cambios tecnológicos que atraviesa la actividad inmobiliaria a nivel mundial y sostuvo que Argentina debe adaptarse a las nuevas tendencias del sector.
En ese sentido, cuestionó que la matrícula profesional sea considerada la principal garantía de seguridad jurídica y planteó que factores como la trayectoria, la transparencia y las buenas prácticas también deben ser valorados.
Fuerte rechazo y advertencias por posibles riesgos
Desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina manifestaron su rechazo al proyecto y advirtieron sobre los riesgos que podría generar una flexibilización de la matrícula profesional.
El vicepresidente primero de la entidad, Jorge Alberto Pighin, sostuvo que la medida podría incrementar la cantidad de operaciones irregulares y facilitar maniobras fraudulentas dentro del mercado.
"El Estado no debería impedirle trabajar a nadie", fue uno de los conceptos que, según relató, expusieron los funcionarios nacionales durante las conversaciones mantenidas con el sector.
No obstante, Pighin remarcó que la federación mantendrá una postura crítica frente a la iniciativa por considerar que la seguridad jurídica podría verse afectada.
Asimismo, señaló que gran parte de las estafas inmobiliarias son cometidas por personas que no cuentan con matrícula habilitante y destacó la existencia de tribunales disciplinarios dentro de los colegios profesionales para sancionar conductas irregulares.
Mientras el proyecto continúa en elaboración, colegios y cámaras inmobiliarias de distintas provincias, entre ellas Catamarca, comenzaron a establecer contactos con legisladores nacionales y provinciales para expresar su posición y seguir de cerca un debate que promete ocupar un lugar central en la agenda del sector durante los próximos meses.
"Vamos a ser una oposición constructiva para encontrar puntos equidistantes y ver hasta dónde podemos encontrarnos para sacar una ley que favorezca a todos", concluyó Pighin.
