El Gobierno nacional ratificó este miércoles que no aplicará la ley de financiamiento universitario, pese a su reciente ratificación en el Congreso, y defendió su plan presupuestario para el 2026 en materia educativa. En una exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguraron que las partidas destinadas al área tendrán un aumento real del 7%, y rechazaron las versiones sobre recortes o despidos en el sistema universitario.
Torrendell abrió su intervención con una crítica al enfoque del gasto estatal en educación en las últimas décadas. "Aumentar el gasto no garantiza mejorar los resultados. El exceso de gasto público solo profundizó la dependencia de las personas del Estado", señaló. En ese sentido, sostuvo que el desafío del Gobierno es "gastar menos, pero invertir mejor", destinando los recursos "a liberar las capacidades de cada persona, en lugar de aumentar la burocracia".
De acuerdo con lo expuesto, el proyecto de Presupuesto 2026 contempla una inversión educativa 17,6% superior en términos nominales respecto al año anterior. Con una proyección oficial de inflación del 10,1%, esto implicaría un incremento real del 7% en el presupuesto destinado al área. Además, se prevé una "inversión fuerte adicional" en el Plan Nacional de Alfabetización, tanto en el valor de la hora docente como en la formación profesional.
Respecto de las universidades nacionales, los funcionarios informaron que se destinarán $4,8 millones para el funcionamiento del sistema, cifra que se suma al aumento del 270% otorgado en 2024 y al 20% adicional ya aplicado en 2025. "En materia de gasto de funcionamiento se observa un apoyo consistente a las universidades nacionales", subrayó Torrendell.
Por su parte, Alejandro Álvarez apuntó contra lo que calificó como una "campaña del miedo" impulsada desde sectores opositores y gremiales. "No cerró ninguna universidad y es falso que hayan renunciado 10 mil docentes, como dijo el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional", afirmó. Según sus datos, el sistema universitario cuenta hoy con 198 mil docentes, dos mil más que al inicio de la gestión. "Tampoco hay un éxodo docente", insistió.
Álvarez agregó que el Gobierno aprobó todas las actualizaciones de la planta no docente, un reclamo histórico de las universidades. "Se trata de áreas clave para el funcionamiento, la limpieza y la seguridad de los edificios", explicó. "No hay ningún ajuste con despidos —remarcó—, como había instalado la campaña sistemática del miedo".
Consultados sobre la ley de financiamiento universitario, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por el Congreso, los funcionarios defendieron la decisión del Ejecutivo de no implementarla. "No íbamos a incurrir en un acto de ilegalidad al financiar una ley que no establecía su fuente de financiamiento", aclaró Torrendell, en sintonía con la postura de la Casa Rosada. "Por más que el Parlamento vote derogar la ley de gravedad, la gravedad sigue existiendo", ironizó.
Finalmente, Álvarez sostuvo que los futuros incrementos de partidas y salarios estarán atados al crecimiento de la actividad económica. "El aumento de recursos vendrá con más libertad y más producción", resumió.
La Comisión de Presupuesto deberá firmar los dictámenes la próxima semana, aunque en el oficialismo ya se analiza postergar el debate para después del recambio legislativo. La estrategia busca esperar un escenario parlamentario más favorable, cuando La Libertad Avanza logre consolidar su número de bancas y, con ello, su capacidad de negociación con los bloques dialoguistas y los gobernadores.
