La avalancha de peticiones para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española motivó la ampliación de un año del plazo concedido por el Gobierno para optar para esta prerrogativa, contemplada en la ley de Memoria Democrática. El Gobierno prorrogó por un tercer año el plazo de dos años previsto en ese apartado, que se conoce como ley de nietos. En menos de dos años, ya se ha concedido la nacionalidad española a 89.766 descendientes de latinos exiliados, especialmente de Argentina y Cuba.
Desde la entrada en vigor de la mencionada Ley, hasta el 31 de marzo de 2024, las Oficinas del Registro Civil Consular han recibido 301.121 solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen. Así, según las cifras aportadas por el Gobierno español a Infobae España, de estas se han aprobado 150.002 y se han denegado 1.521. En total, de las aprobadas, “se han inscrito ya unas 89.766″, aseguran fuentes del Ministerio de Memoria Democrática.
La ley memorialista, en vigor desde octubre de 2022, reconoce el derecho de optar a la nacionalidad española a “a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”.
Este derecho es extensivo a los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; y “a los hijos mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.
La ley contempla solo la prórroga de un año
La propia disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática establece que el mencionado plazo de dos años se inicia con la entrada en vigor de la ley, por lo que su vigencia terminaba el 22 de octubre de 2024. No obstante, este precepto también contemplaba la posibilidad de acordar su prórroga por un año para todos los supuestos a través del Consejo de Ministros.
En menos de dos años de vigencia, más de un 95% de las solicitudes se han recibido en las Oficinas Consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami. Concretamente, según el Ejecutivo, los cinco consulados generales de España en Argentina representan un 40% de las solicitudes, y, junto con el Consulado General de España en La Habana, superan el 53% de las solicitudes.
“En todas ellas existe un número de solicitantes que difícilmente podrán ser citados y atendidos antes de la finalización del plazo de dos años previsto en la citada disposición adicional octava de la Ley”, sostiene el Gobierno de Pedro Sánchez para motivar la decisión de prorrogar un año el plazo de dos previstos para optar a la nacionalidad española.
De esta manera, el Ejecutivo espera que se puedan atender “todas” las solicitudes de cita ya presentadas y pendientes de asignación de fecha, así como todas las solicitudes que se presenten y que no puedan ser atendidas en los dos primeros años de aplicación inicialmente previstos en la ley, según fuentes del departamento memorialista.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, encargado de anunciar la ampliación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, señaló que la prórroga es una “magnífica noticia” que “será aplaudida por los españoles que vuelven a asumir que son de nuevo españoles con todos los parámetros legales establecidos”.
