Los violentos operativos de la ministra de seguridad escalaron hasta un escandalo nacional, a través de las represarías que se vieron en los violentos operativos represivo de la policía federal durante la manifestación de los jubilados del miércoles en las inmediaciones del Congreso contra el veto presidencial sigue soplándole en la nuca al gobierno de Javier Milei. Este viernes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada por el delito de abuso de autoridad y deberes de funcionario público.
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien anunció que será el representante de la menor agredida con gas pimienta en los ojos. En tanto, la Red Federal de Derechos Humanos amplió la demanda que originalmente presentó "tras la represión a la marcha de los jubilados" el pasado 4 de septiembre. La misma fue sorteada y asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9 que tiene a cargo al juez Luis Rodríguez.
Este caso de la niña que resultó herida en medio de las protestas por un policía que le roció la vista con gas pimienta generó un fuerte repudio social esta semana. Sin embargo, la escalada de violencia de la funcionaria continúa hasta ahora, ya que además de haber acusado a la madre de "irresponsable" por acudir a una manifestación con su hija, desde las usinas oficiales filtraron un video falso para engañar a la sociedad y encubrir el accionar de los agentes de seguridad. Sin embargo, como es habitual, Bullrich negó la responsabilidad y se intentó despegar del escándalo.
El abogado responsabiliza a la ministra por el accionar de un agente de seguridad federal, quien --según se aprecia en un video difundido en las redes sociales-- rocía con gas pimienta directamente en el rostro de la niña, contradiciendo la versión oficial del gobierno que sostenía que una manifestante era la agresora de la niña. Según el letrado, este hecho constituye un caso de “violencia institucional”, así como una violación de los derechos humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Se presentó por el artículo 248 del Código Penal, que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García, y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
