Javier Milei tuvo su segunda victoria parcial en la Cámara de Diputados en esta semana: la comisión de Educación trató los proyectos para actualizar el presupuesto de las universidades pero, por decisión de los bloques dialoguistas, se postergó la firma del dictamen. A partir de una propuesta de la UCR y la Coalición Cívica se resolvió realizar dos reuniones informativas las próximas semanas, el 7 y el 14, para recién después definir si habrá un despacho para llevar al recinto. En la primera asistiría el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. La dilación pareció ser la continuidad del acuerdo entre estos bloques y La Libertad Avanza que se selló el martes para aprobar la ley ómnibus y el pacto fiscal.
Los tiempos en el Congreso para que el debate universitario llegue al recinto pueden estirarse aún más, porque los dictámenes deben ser firmados además por la comisión de Presupuesto y su presidente, José Luis Espert, se resiste a convocarla. Si el economista sostiene esa posición, sería necesaria una sesión para emplazarlo y la demora sería todavía mayor. Milei tiene motivos para celebrar: llegaría al segundo cuatrimestre académico sin una ley que lo obligue a aumentar las partidas de las universidades.
El otro triunfo del oficialismo es que no tiene fecha de tratamiento en comisión de los proyectos para restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el fondo compensador, que asisten a las provincias a pagar sueldos en los colegios.
Alejandro Finocchiaro, del PRO, citó a la comisión de Educación para este jueves tras un pedido que realizaron miembros de todas las bancadas, después de la fallida sesión para tratar proyectos sobre presupuesto universitario del miércoles pasado, convocada por Unión por la Patria.
La convocatoria tenía iniciativas de todos los sectores políticos, pero esa mayoría no fue utilizada para imponer un dictamen. Hay dos propuestas para impedir la licuación de las partidas universitarias, que actualmente se rigen por el prorrogado Presupuesto 2023, porque fue el último en sancionarse.
La radical Danya Tavela, cercana al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, propone actualizar los giros a las casas de estudios superiores en función de la inflación del año pasado. Además, crea una fórmula de indexación bimestral, que combina un 50% la suba de precios (IPC), el 25% la variación del dólar y en otro 25% la de las tarifas de servicios públicos. Y propone que el presupuesto universitario se divida en 15% para gastos operativos y 85% sueldos. Este último porcentaje suele superar el 90%.
Pamela Calletti, de Innovación Federal, exige una actualización permanente por IPC del 1 de enero. Una iniciativa similar tiene Julia Strada, de UP. Su compañero Pablo Carro propone subsidiar tarifas de servicios públicos.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó la licuación del presupuesto universitario y aseguró que ya fue devengado en un 95 y 123%, pero no exigió un trámite legislativo rápido para resolver esa cuestión. “Hagamos una hoja de ruta de cuatro o cinco reuniones”, propuso.
Tavela respaldó a Ferraro y pidió no apurarse: “La expresión de la marcha, lejos de marcar un 'Vayan corriendo detrás de la solución' fue un 'Encuentren la solución de manera dialogada, consensuada y que pueda ser implementada'”.
Los tiempos de los dialoguistas no fueron compartidos por UP y la izquierda, que llegaron preparados para dictaminar. “Las universidades necesitan saber su funcionamiento real. Tenemos que votar en el recinto un criterio”, reclamó Daniel Arroyo, de UP. Su compañera Blanca Osuna protestó por la ausencia en el temario de proyectos para restablecer el Fonid y el fondo compensador.
Romina del Plá, de la Izquierda, se molestó con la dilación. “El llamado para dictaminar no puede demorarse más. Sino parece que estamos discutiendo y no estamos discutiendo nada”, protestó.
Calletti también pidió acelerar los tiempos. “Estuvo esta mañana en la Universidad de Salta. El gasto de funcionamiento fue de 90 millones y la factura de luz 58”, contó.
Christian Castillo, de la izquierda, recordó que sin el PRO y la Libertad Avanza, la oposición puede llegar a los dos tercios, aprobar un aumento del presupuesto e impedir el veto presidencial.
El jefe de UP, Germán Martínez, intentó que al menos haya certezas de dictaminar en 14 días y no lo logró.
Ferraro defendió el cronograma acordado: “No le podemos mentir a la gente diciendo que si logramos dictamen vamos a bajar el recinto. No vamos a tener dos tercios sin un orden del día”, sostuvo el diputado de la Coalición.
Finocchiaro blanqueó que no tiene pretensiones de acelerar un dictamen. "No vaya a ser cosa que por apurarnos nos arrepintamos como con la ley de alquileres, que todo lo votado estuvo mal", advirtió.
La única voz oficialista fue la de Santiago Santurio. “Somos el único país en la región que decreció en alfabetización. No sólo es cuestión de transferir dinero, sino de que sea sostenible. Que tenga impacto”, señaló el diputado que coordinó la votación del martes.
Aseguró que el presupuesto universitario aumentó un 70% y este mes crecerá en la misma proporción. “Desde septiembre que estaba congelado. Hubo transferencias de fondos discrecionales pero no es el modelo que estamos buscando. Queremos un modelo claro, transparente, previsible y sostenible en el tiempo”, cerró el libertario.
