El temor a que el noroeste argentino no tenga el gas suficiente que demanda en invierno, sumado al retraso de las obras de gasoductos que prolongan la dependencia con el gas boliviano y el hecho de que el país vecino quiere aprovechar los pocos meses que le quedan como proveedor de la Argentina, derivó en un acuerdo con precios exorbitantes.
Bolivia, que históricamente vendió su gas a un valor que se ubicaba en el medio entre el precio del gas neuquino y el GNL, ahora lo está cobrando mucho más caro que el gas licuado que se importa mayoritariamente de los Estados Unidos.
Mientras que el GNL cotiza entre 10 y 13 dólares, el gas boliviano se está pagando a 17,5 y se espera que en agosto y septiembre pueda estar en torno a los 20 dólares. “Estamos haciendo un abuso de un vecino. No me parece correcto porque nosotros tampoco hemos cumplido con el contrato. Entonces, no podemos hacer esto con el precio. Nos estamos aprovechando de una desesperación del gobierno argentino cuando el día de mañana vamos a necesitar el gas de Argentina”, critica el ex ministro de Energía de Bolivia, Álvaro Ríos Rocca, en diálogo con Forbes.
A su vez, los precios se ubican muy por encima de lo planificado por la Secretaría de Energía en enero de este año. En aquel mes, la cartera comandada por Eduardo Rodríguez Chirillo, publicó una previsión de precios que giraba entre 11 y 12 dólares para el primer semestre del año y bajaba a 7,9 dólares para los meses siguientes.
Según fuentes de Enarsa, la firma encargada de negociar la adenda del contrato de gas con Bolivia, los precios son similares a los del 2022 cuando se acordó el concepto de Premio por Garantía de Abastecimiento. Es decir, los volúmenes por encima del flujo firme ofrecido por Bolivia que tenía menores precios.
La diferencia es que, en ese entonces, el GNL se pagó alrededor de 40 dólares y llegó a cotizar incluso por encima. En consecuencia, el valor del gas de Bolivia simplemente siguió la tendencia de los precios internacionales. Ahora, en cambio, se da una situación inversa con valores a la baja en todo el mundo.
La cuestión es que la Argentina necesita imperiosamente ese fluido para poder abastecer al NOA hasta terminar las obras de reversión del gasoducto norte. Por eso se extendió el contrato con Bolivia hasta septiembre, mes en el que se espera que esté terminada parte de la reversión.
En Enarsa sostienen que el acuerdo por 4 millones de metros cúbicos diarios es “a requerimiento”, por lo tanto, el país no está obligado a tomarlo si, por ejemplo, la demanda es menor frente a un escenario de temperaturas templadas.
En cuanto al atraso de la obra, la firma cuestiona el accionar del gobierno anterior y se desliga de toda responsabilidad. “Las obras de los gasoductos y plantas compresoras no se frenaron en ningún momento. Desde que asumimos la administración continuamos trabajando en su construcción. Hubo que reformular la forma inconveniente con que se había configurado el Renglón 1 de la Licitación. Ese renglón, licitado por la administración anterior, abrió su sobre 2 económico el 25 de octubre de 2023 y se constató un precio 70% superior al presupuesto oficial incluido en los pliegos. A partir de ahí quedó sin movimiento, no se expidió la comisión evaluadora hasta el cambio de administración, cuando se retomó su proceso”, explican.
En los hechos, la gestión Massa había anunciado que el caño iba a estar operativo entre los meses de abril y mayo. Sin embargo, el proceso licitatorio empezó muy tarde y encima se topó con este incidente de recibir ofertas con precios mayores a los topes estipulados por los pliegos, en un contexto de extrema incertidumbre económica y cambiaria por las elecciones presidenciales.
De ahí que no era legal avanzar con ese pliego y se decidió esperar a que pasen las elecciones para continuar con una nueva licitación. “Luego se relicitó el reglón 1, reformulado, con plazos abreviados, conservando el financiamiento CAF, generando competencia en la nueva licitación, lo que se vio reflejado en sus precios”, agregan desde Enarsa.
