El exjefe de Gabinete de la Nación Manuel Adorni tiene tiempo hasta este miércoles para presentar la justificación de su evolución patrimonial ante la Justicia, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita.
El plazo corresponde a la prórroga de 15 días otorgada a fines de agosto por el juez federal Ariel Lijo, luego de un pedido de la defensa del exfuncionario.
El requerimiento de la fiscalía fue elaborado después de que Pollicita recibiera un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
El documento, de 207 fojas, surgió del análisis cruzado de las declaraciones juradas de Adorni con información de registros de propiedades, entidades bancarias, plataformas de criptomonedas y movimientos migratorios.
A partir de ese relevamiento, la fiscalía señaló una serie de inconsistencias financieras que el exfuncionario deberá explicar.
La diferencia entre ingresos y gastos
Según el análisis incorporado a la causa, desde diciembre de 2023 el grupo familiar de Adorni registró ingresos en pesos por $229.752.283,20.
La cifra contempla los 35 salarios que percibió como funcionario público y los ingresos de su esposa, Bettina Angeletti.
Sin embargo, de acuerdo con el informe, los gastos registrados en moneda nacional alcanzaron los $272.820.832,20. Allí se incluyen consumos con tarjetas de crédito, expensas, servicios, impuestos, seguros de vehículos, viajes y adquisición de electrodomésticos.
La diferencia señalada por los investigadores asciende a $43.068.549, que la fiscalía considera un saldo que requiere explicación.
A esto se suman erogaciones en moneda extranjera por USD 402.578,12 que, según el requerimiento fiscal, tampoco encontrarían correspondencia con los recursos lícitos declarados.
Entre esos movimientos figuran gastos vinculados con la compra y remodelación de propiedades, adquisición de mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior.
Las explicaciones que deberá presentar
El requerimiento fiscal contiene 20 puntos que Adorni deberá responder y abarca la evolución de su patrimonio desde que asumió su primer cargo durante la gestión de Javier Milei hasta el 27 de junio de 2026, cuando presentó su renuncia.
Uno de los principales aspectos bajo análisis está relacionado con los dólares en efectivo que el exfuncionario declaró bajo el concepto de "venta de activos" luego de rectificar sus declaraciones juradas.
Adorni había manifestado públicamente que poseía aproximadamente medio millón de dólares en criptoactivos desde hacía una década y que no los había declarado anteriormente.
Por ese motivo, la fiscalía le solicitó que detalle qué bienes fueron vendidos, quiénes fueron los compradores, cuándo se concretaron las operaciones y cuál fue la trazabilidad bancaria o bursátil de los fondos.
La lupa sobre las propiedades
La investigación también puso el foco en distintos bienes inmuebles de la familia.
Adorni deberá justificar el origen de los fondos utilizados para adquirir el lote 380 del Country Indio Cua y explicar por qué la titularidad figura únicamente a nombre de su esposa.
En relación con esa propiedad, la fiscalía también requirió explicaciones sobre un pago en efectivo de USD 245.000 al contratista Matías Tabar por trabajos de remodelación, que incluyeron una cascada en la piscina y una parrilla.
Además, deberá explicar el origen del dinero utilizado para adquirir un departamento ubicado en Miró 550, en el barrio porteño de Caballito, y los pagos en dólares realizados al mismo contratista por el mobiliario de esa propiedad.
Entre los demás puntos que deberá responder aparecen:
La acreditación de los préstamos que habrían realizado los familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, incluyendo la entrega efectiva del dinero y la evolución de esas deudas.
El origen de los fondos utilizados para comprar un vehículo Jeep.
La utilización reiterada de terceras personas para realizar compras y afrontar gastos en efectivo que, según la investigación, tenían al exfuncionario como destinatario final.
Las operaciones con criptomonedas, particularmente fondos detectados en una billetera virtual que Adorni habría validado con su identidad y que no fueron declarados ante la Oficina Anticorrupción.
El origen de depósitos no salariales registrados en su cuenta sueldo del Banco Nación que no provendrían de organismos estatales ni de transferencias entre cuentas propias.
Los honorarios cobrados por la escribana Adriana Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias del matrimonio, que fueron facturados íntegramente a nombre de Angeletti.
La defensa pidió más tiempo
La defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, había solicitado al juez Lijo una extensión del plazo original.
El planteo estuvo fundamentado en la necesidad de acceder a la totalidad de las pruebas, archivos y conversaciones que forman parte del expediente y que sustentan el requerimiento fiscal. Entre los elementos reclamados se encuentra el contenido del teléfono celular de Matías Tabar.
Ahora, con el vencimiento de la prórroga, la defensa deberá presentar las explicaciones y documentación que considere necesarias para responder a los cuestionamientos de la fiscalía.
El descargo será una instancia relevante dentro de la investigación. Si el juez considera que las explicaciones aportadas no logran aclarar las inconsistencias señaladas por el Ministerio Público, podría convocar a Adorni a una declaración indagatoria.
