El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó el pedido de licencia de Ariel Lijo, ha generado un fuerte impacto en el Gobierno de Javier Milei. La resolución impide la asunción de Lijo como miembro del máximo tribunal sin antes renunciar a su actual cargo como juez federal, una exigencia que el magistrado no está dispuesto a aceptar.
El voto en contra de Manuel García Mansilla, el flamante juez de la Corte designado por el Ejecutivo, generó un gran desconcierto en la Casa Rosada. El oficialismo no esperaba que su propio candidato se sumara a la decisión mayoritaria, lo que dejó en evidencia la falta de control sobre las decisiones del tribunal.
La reacción en el Gobierno y la incertidumbre sobre el futuro de Lijo
Desde el entorno presidencial, la respuesta inicial fue de incredulidad. Voceros del Gobierno incluso llegaron a poner en duda la concreción de la votación, aunque con el paso de las horas se confirmó la decisión oficial de la Corte. Frente a esta situación, el Ejecutivo reafirmó su intención de sostener la postulación de Lijo para integrar la Corte Suprema, aunque el camino para lograrlo se vuelve cada vez más complejo.
La negativa del juez federal a renunciar a su cargo antes de la aprobación de su pliego en el Senado representa un obstáculo significativo. En caso de no conseguir los votos necesarios en la Cámara Alta antes de fin de año, Lijo corre el riesgo de quedarse sin su actual cargo y sin un lugar en la Corte.
El papel del Senado y los intentos fallidos del oficialismo
El Senado es ahora el escenario clave donde se define el futuro de la nominación de Lijo. Hasta el momento, el Gobierno no ha logrado reunir el respaldo necesario para que su pliego avance en comisión. A pesar de los esfuerzos de Santiago Caputo y Sebastián Amerio, quienes han trabajado durante meses para destrabar la situación, el proceso sigue estancado.
Un intento previo de llevar la nominación al recinto fracasó cuando la sesión del 20 de febrero se cayó a último momento. Entre las causas del fracaso se encuentra la falta de acuerdo con el kirchnerismo, que busca una negociación más amplia que incluya la designación del Procurador General y la cobertura de 150 vacantes judiciales.
El plan alternativo del Gobierno: esperar al nuevo Congreso
A pesar del revés, el oficialismo mantiene una estrategia a largo plazo. En la Casa Rosada confían en que el kirchnerismo eventualmente cederá y permitirá el avance del pliego de Lijo. Además, el Gobierno apuesta a una renovación legislativa favorable tras las elecciones de medio término, que podría fortalecer su posición en el Senado.
Uno de los escenarios que evalúa el oficialismo es extender el nombramiento en comisión de García Mansilla más allá del 10 de diciembre, cuando asuman nuevos senadores que podrían inclinar la balanza a su favor. Con un Senado más afín, la posibilidad de que Lijo finalmente sea aprobado podría aumentar.
