Para las empresas constructoras la Provincia debería avanzar con una renegociación de los contratos, como paso previo a cumplir con la promesa de reactivar toda la obra pública que acumula en medio año desde que se congeló su ejecución debido al recorte de la administración libertaria.
En este sentido, la presidenta de la filial local de la Cámara de la Construcción, Anahí Díaz, explicó que los precios pactados quedaron atrasados, los cuales a valores actuales “están casi por la mitad”. Además, indicó que durante estos seis meses las constructoras debieron afrontar gastos extraordinarios.
En una entrevista con La Brújula, la titular local de la organización que nuclea a las empresas de la construcción comentó que desde el inicio de la paralización de la obra pública “estuvimos en permanente diálogo con el gobernador, Raúl Jalil, quien siempre ha marcado la necesidad de tener una postura de diálogo para poder resolver esta situación tan delicada que estamos atravesando”.
En este orden de ideas, indicó que en la paralización “las empresas lamentablemente tuvimos que tomar decisiones extremas, como reducir el plantel de personal, lo que implica pagar las respectivas indemnizaciones, trasladar materiales que teníamos en obra y en algunos casos se tuvo que alquilar depósitos”.
Díaz señaló que las firmas constructoras “tuvimos que achicar al mínimo posible el staff de personal para poder sobrevivir a esta paralización que lleva más de seis meses”.
Además, mencionó que durante los últimos días “desde la administración del IPV nos informaron que la intención es volver a reactivar las obras, pero estamos entablando diálogo porque la situación de las empresas es por demás delicada, dado los gastos extraordinarios que tuvimos que afrontar”. Para el caso, dijo que “los precios de los contratos originales, lamentablemente no han seguido la realidad y, si bien están formulados en valor UVI que publica el Banco Central, está muy por debajo del valor real”.
Por ello, distinguió que desde la Cámara que conduce “hemos realizado los nuevos presupuestos de las obras a valores actuales”, para insistir en que “están casi por la mitad el valor de los contratos a hoy y el temor de las empresas es no poder cumplir con nuestra gente, poner todo nuestro esfuerzo en la logística para reactivar las obras y después no poder cumplir”.
Sobre este eje, distinguió que ello significa avanzar con una renegociación de los contratos como paso previo a la reactivación, “de acuerdo a la realidad de cada uno de los contratos porque hay obras que tenían un 80% de avance y otras un 5%”. Además, rescató que “pasó mucho en este tiempo que hubo pérdida en las obras que se estaban ejecutando”.
“O sea, si se pararon en el 80 por ciento de ejecución no es que se retoma desde allí, porque en algunos casos hubo vandalización”, expresó para graficar con el caso de una empresa que estaba a cargo de la ejecución de viviendas a las cuales “le habían sustraído todos los sanitarios”.
La presidenta de la Cámara aseguró que hubo “una pérdida importante para las empresas que ahora deben resolver todas esas cuestiones, afrontar gastos que ya habían sido afrontados”. “Todos esos gastos extraordinarios hay que ver cómo se los va a afrontar para poder cumplir con nuestra gente”, agregó en alusión al pago de salarios para los trabajadores.
En tanto, contó que hay varias empresas “que entraron en concurso preventivo, algunas se dieron la baja, algunas rescindieron contratos en algunos organismos porque no podían afrontar el costo que significaba tener parada las obras”. “Además, el factor climático deteriora una obra paralizada, seis meses es mucho tiempo y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de decir reactivamos”, sostuvo Díaz.
“Es una situación muy crítica la que atraviesan las empresas constructoras. Si bien algunas lograron sobrevivir porque tienen más espalda, otras tuvimos que bajar al mínimo el nivel de gastos para poder sobrevivir y hay gastos que no se pueden prescindir”, cerró.
