Esta mañana trascendió que el Ejecutivo, conforme lo prevé el artículo 89º de la Constitución de la Provincia, elevará los pliegos a la Cámara de Senadores y solicitará que preste acuerdo para el nombramiento como Ministro de la Corte de Justicia al Dr. Jorge Rafael Bracamonte.
Asimismo, se destaca que el referido letrado acredita "idoneidad para el desempeño del cargo, posee una reconocida trayectoria profesional como abogado del foro local desde el año 1992, y sus más de treinta años ejerciendo de forma ininterrumpida el derecho lo dotaron de una reconocida solvencia intelectual, dando así cumplimiento a los requisitos exigidos constitucionalmente para el ejercicio de la máxima función judicial en el ámbito provincial".
En tal caso, se destaca que el candidato postulado, durante esas casi tres décadas de ejercicio profesional, ha litigado intensamente en los juzgados provinciales interviniendo en cuestiones penales, civiles, comerciales, laborales y
constitucionales, y "demostrando un fiel compromiso con el ejercicio de la profesión y su vocación de justicia".
El Dr. Jorge Rafael Bracamonte es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, donde obtuvo el título de abogado con un promedio destacado; y además de ello, ha constituido una familia compuesta por su mujer y sus dos hijos que actualmente son dos exitosos profesionales del medio catamarqueño.
De igual forma, es dable resaltar que el reconocido letrado, a lo largo de su trayectoria personal y profesional, dio "muestras de un respeto irrestricto a las normas y principios legales, al sistema democrático, y se ha comprometido en contribuir activamente en la construcción de un sistema de administración de justicia en posta de lograr la optimización y reducción de términos y actos
procesales".
En este sentido, sobresalen como características personales del nominado su indubitada competencia profesional, la certeza de su sapiencia, la seguridad de sus conocimientos, y la independencia de criterio, las cuales, en toda circunstancia, aseguran la inexistencia de funcionalidad hacia cualquier vínculo político y garantizan la total independencia de poderes.
