Una mayoría cualificada de los 27 países respaldó el pacto en una reunión de embajadores en Bruselas, pese a la oposición de Francia, Irlanda y otras naciones; Ursula von der Leyen podrá firmarlo en Asunción.
Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes por mayoría cualificada el histórico acuerdo de libre comercio con el Mercosur, negociado durante más de 25 años entre el bloque europeo y los Estados sudamericanos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
La decisión se tomó en una reunión de embajadores de los Veintisiete en Bruselas, donde se votó el mandato que permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmar el pacto en Asunción el próximo lunes.
El acuerdo recibió el respaldo de la mayoría de los Estados miembro, aunque Francia, Irlanda y otras naciones manifestaron su oposición, principalmente por preocupaciones relacionadas con el impacto sobre sus sectores agrícolas y empleos rurales.
La aprobación también siguió a la formalización de medidas de salvaguardia para proteger la producción agroalimentaria europea, negociadas en diciembre pasado para mitigar posibles efectos negativos de la apertura comercial.
El pacto comercial con el Mercosur apunta a crear una zona de libre comercio entre dos de las mayores regiones económicas del mundo, con beneficios esperados tanto para exportadores como para consumidores, al reducir aranceles y barreras comerciales.
Aún resta que el acuerdo sea ratificado por el Parlamento Europeo y los congresos de los países sudamericanos involucrados, pero la luz verde de los Estados miembro marca un paso decisivo hacia su implementación.
La medida se enmarca en una etapa de intensificación de los lazos económicos entre Europa y América del Sur, al tiempo que genera debate interno en varios países de la UE, donde sindicatos agrícolas y sectores rurales han expresado su rechazo y preocupación sobre la competencia con productos importados.
El avance del pacto es observado con atención en la región, ya que podría reconfigurar flujos comerciales y abrir nuevas oportunidades para exportadores de productos industrializados y agrícolas, mientras los legisladores negocian condiciones que equilibren intereses económicos y protecciones sectoriales.
