El tribunal internacional determinó que el juicio político realizado en 2003 vulneró el principio de independencia judicial al basarse en el contenido de sus sentencias.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó formalmente la sentencia mediante la cual condena al Estado argentino por la destitución del exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Moliné O'Connor
En su pronunciamiento, el tribunal internacional estableció que el proceso de remoción vulneró el principio de independencia judicial, argumentando que la causal de "mal desempeño" no puede fundamentarse en el contenido jurídico de los fallos emitidos por un magistrado en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se señalaron severas irregularidades durante el trámite parlamentario y la falta de respuestas adecuadas a los recursos interpuestos por la defensa del exministro.
El fallo cuestionó además la posterior revocación de su pensión vitalicia en 2004 y la demora injustificada de casi dos décadas en la resolución de su reclamo contencioso-administrativo, período en el cual Moliné O'Connor falleció en agosto de 2014 sin haber obtenido una sentencia definitiva en vida. De manera complementaria, la Corte IDH exigió a las autoridades nacionales que interpreten y apliquen el artículo 53 de la Constitución Nacional —vinculado a las causales de juicio político— en estricta consonancia con las garantías del debido proceso y los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En concepto de reparaciones económicas y administrativas, el Estado argentino dispondrá de un plazo de un año para regularizar el régimen de pensión previsto en la Ley 24.018 con efecto retroactivo a la fecha del deceso del exmagistrado. Paralelamente, deberá abonar en favor de sus herederos indemnizaciones que incluyen 300.000 dólares para su viuda, Susana Rita Almeyra, y 75.000 dólares para cada uno de sus cuatro hijos por daño material, además de 25.000 dólares por daño inmaterial y 30.000 dólares destinados a los representantes legales en concepto de costas y gastos. Moliné O'Connor había ingresado al máximo tribunal en 1990 durante la gestión de Carlos Menem, integrando la denominada "mayoría automática" hasta su remoción por el Senado con 45 votos afirmativos contra 19 negativos.
