La multitud que se concentrará a partir de este mediodía en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, como sucede en cada conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, marchará con la certeza de que en esta ocasión se enfrenta al mayor desafío desde el retorno democrático: la instalación en la Casa Rosada de un gobierno de ultraderecha que vino a poner en cuestión los consensos construidos a lo largo de estos 40 años.
Desde el terrorismo de Estado cometido por la dictadura militar hasta la necesidad de vivir en una sociedad más justa, desde la libertad de movilización y protesta hasta la ayuda social a los más necesitados; todo está siendo puesto en discusión por un gobierno votado por la mayoría de los argentinos. Algo de lo que nuestra sociedad -o al menos una parte importante de ella- se creía inmunizada, justamente en virtud de este doloroso pasado que ahora vuelve a ponerse en debate, pero de la peor manera. Por eso, partidos políticos, centrales obreras y organizaciones sociales anunciaron una activa participación en la convocatoria de los organismos de derechos humanos.
Desde Unión por la Patria y otros sectores políticos han venido señalando que la sintonía entre la gestión que encabezan Javier Milei y Victoria Villarruel y la dictadura no sólo se encuentra en la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en los '70 sino también en coincidencias en sus postulados y objetivos económicos, con el empobrecimiento de las grandes mayorías mediante un veloz traspaso de recursos hacia los grupos económicos concentrados, beneficiarios principales del proyecto libertario. La anunciada dolarización, por otro lado, vendría a poner la lápida sobre esa desigual distribución de la riqueza.
"Muchas de estas políticas conocidas repiten el guión escrito por los ideólogos de la última dictadura cívico-militar que nos han llevado a reiterados fracasos. Sin embargo, nunca se habían intentado aplicar todas juntas y en tan corto plazo. Las consecuencias son previsibles e inevitables", sostuvo la declaración del congreso nacional del Partido Justicialista reunido el viernes pasado. Las medidas de ajuste brutal decididas en estos tres meses y medio de gobierno han ido de la mano de la sanción de protocolos de represión de la protesta, la promoción de las políticas de gatillo fácil, el aliento a que las Fuerzas Armadas actúen en la seguridad interior y la instalación de un clima hostil y violento de parte del propio Presidente hacia todo aquel que piense diferente.
Lo sucedido durante esta última semana es una buena muestra de los postulados de la gestión. La agrupacion HIJOS denunció un "atentado político" contra una militante de la agrupación a la que dos individuos atacaron en su domicilio, pintando en la pared una sigla que los identificaba con el oficialismo. Más allá del hecho en sí, que la Justicia ya investiga, la única reacción de Milei fue darle "like" a un tuit que calificaba la denuncia como "operación". La titular de Abuelas, Estela Carlotto, entrevistada en dos ocasiones para hablar de este grave hecho, tuvo que cortar la comunicación por los ruidos que se hacían en la línea, evidentemente intervenida.
La frustrada fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Luis Petri, reciclados como ministros de Seguridad y Defensa de la administración libertaria, protagonizaron un acting con la presentación de una serie de propuestas represivas y para habilitar intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Petri se fotografió en la ocasión junto a la negacionista Cecilia Pando.
Llamativamente, fue la vicepresidenta Villarruel quien salió al cruce de esta posibilidad aunque no por buenos motivos. También activa militante de la impunidad de los genocidas, Villarruel se mostró contraria a la participación de los militares en seguridad interior argumentando que la anterior vez que se enfrentaron a civiles -por la represión- terminaron presos. Reclamó un cambio de leyes que garantice que no correrán la misma suerte. Villarruel es hija de un militar carapintada que participó de la represión en Tucumán y luego combatió en Malvinas junto a Aldo Rico.
En su mensaje de apertura de sesiones ordinarias, Milei tuvo una frase irónica respecto a los 30 mil desaparecidos. Es una de las provocaciones favoritas de la derecha, iniciada ya durante los años del macrismo. Mauricio Macri, se recordará, habló del "curro" de los derechos humanos. La relativización de lo sucedido durante la dictadura primero, y la reivindicación que surge en muchas opiniones del oficialismo, dieron lugar a que en estos últimos días aparecieran versiones de un indulto presidencial a genocidas, algo que Milei negó a través de las redes sociales. Sin embargo, se espera que el Gobierno emita un spot, dirigido por el documentalista privado del Presidente, que nuevamente pondrá en discusión la cifra de desaparecidos y hará una encendida defensa de la teoría de la "memoria completa".
Sería la provocación elegida por el Gobierno para conmemorar el golpe y, posiblemente, pavimentar el camino para un indulto más adelante, cuando la gestión libertaria evalúe que registró avances en su "batalla cultural". Lamentablemente, ni esta ofensiva negacionista consiguió que este 24 se haga una marcha unificada de organismos y partidos político: una vez más habrá de dos actos, con la izquierda por separado. No obstante, se espera una convocatoria multitudinaria, mayor a la registrada en el paro y movilización de la CGT y las CTA de enero, y en la celebración del día de la mujer trabajadora del 8 de marzo.
La contundencia de esta muestra de rechazo a la avanzada negacionista y justificatoria de la dictadura militar y continuadora de sus políticas económicas resultará clave para lo que suceda en los próximos meses en el país. Si el Gobierno cree que tiene el campo abierto para seguir adelante o si una mayoría popular y democrática se planta para marcarle los límites a sus propósitos.
