El economista Martín Redrado se metió en el debate por el creciente nivel de morosidad en el sistema financiero y sostuvo que la acumulación de deudas en los hogares no constituye un mero "problema entre privados", tal como afirma el Gobierno nacional. Ante este escenario, el ex presidente del Banco Central propuso una solución regulatoria que involucra al organismo emisor, asegurando que su implementación no generará costo fiscal ni cuasifiscal para las arcas públicas.
A través de un borrador redactado con formato de normativa del Banco Central, Redrado planteó que las entidades financieras y proveedores no financieros de crédito puedan refinanciar a los deudores en dificultades sin que esto implique una degradación en su clasificación crediticia. Según la propuesta, hasta el 31 de diciembre de 2027, las deudas reestructuradas quedarían excluidas del cálculo de pérdidas crediticias esperadas y de la obligación de constituir mayores previsiones regulatorias por incobrabilidad, siempre que los deudores cumplan con las nuevas cuotas.
La iniciativa establece un régimen de tratamiento especial de forma temporal. Bajo este esquema, los deudores contarán con un plazo de hasta 90 días para regularizar sus pagos hasta el 30 de abril de 2027. Posteriormente, a partir del 1 de mayo de 2027, se retornará al cómputo habitual de 30 días de atraso de acuerdo con la normativa general del sistema financiero.
El planteo de Redrado busca dar una respuesta técnica e institucional a un fenómeno que ya afecta a casi 6 millones de personas con dificultades para afrontar sus compromisos crediticios. Frente a la postura de la Casa Rosada, que se limita a señalar que los bancos ya se encuentran refinanciando los préstamos de manera particular con sus clientes, la propuesta apunta a dar un marco regulatorio que flexibilice las condiciones sin poner en riesgo las metas fiscales del Estado.
