Por mayoría, las y los integrantes de la Corte de Justicia decidieron otorgar un incremento salarial a los trabajadores judiciales de un 15 por ciento retroactivo a enero “sobre todos los conceptos que integran el escalafón de magistrados, funcionarios y empleados”. Esta resolución fue avalada por cinco de los seis magistrados del máximo tribunal de Justicia -el cargo de Raúl Cippitelli aún está vacante-: la presidenta Fernanda Rosales y los cortesanos Miguel Figueroa Vicario, Hernán Martel, Fabiana Gómez y Verónica Saldaño. Este quinteto a la vez le solicitó al Gobierno “ampliar las partidas presupuestarias destinadas a la recomposición salarial”.
Por su parte, el juez José Cáceres votó en disidencia y en su extensa fundamentación no solo disparó contra la Provincia, alegando que “si hay ajuste, debería ser soportado en igual proporción por todos los poderes del Estado y no solamente por el Poder Judicial”, sino que también consideró que se debía aprobar “un aumento del 25 por ciento” para las y los empleados judiciales.
En la resolución, el quinteto de magistrados rescata los efectos negativos que acarrea la inflación, que acumuló el 211,4% a finales del año pasado, golpeando la capacidad adquisitiva. Sobre esta línea, rescatan que las y los trabajadores judiciales le ganaron a la suba en el costo de vida, ya que cerraron el 2023 con una recomposición del 123,20 por ciento. A la vez, advierten que en enero la inflación subió el 21,7% en el noroeste.
Además, deslizan que en el contexto actual “es necesario solicitar al Ejecutivo provincial que se amplíen las partidas destinadas a la recomposición salarial y se tenga en miras que debido a la gravísima situación económica por la que atraviesa el país y la provincia es vital sostener las necesidades básicas de los/as trabajadores/as”. En tanto, los cinco jueces advierten: “a los fines de dar cumplimiento con los gastos de funcionamiento del Poder Judicial y el pago de haberes en término, resulta necesario que el Ejecutivo disponga la transferencia de los fondos correspondientes a los duodécimos por parte de la Tesorería General hasta el día 10 de cada mes”.
Por su parte, Cáceres recordó que el presupuesto de la Justicia “una vez más ha sido recortado, comprometiendo la autonomía financiera, en tanto este poder queda a expensas de refuerzos de partidas para funcionar”. También cuestionó que el Gobierno “a los funcionarios les recompone doblemente el salario al establecer un aumento en el índice de los cargos”. “¿Puede el órgano administrativo negarse a proveer los fondos necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial en todos sus órdenes, so pretexto de argumentar dificultades financieras?”, indaga para contestarse que “por cierto que no”.
Cáceres incluso parece apelar a la prédica libertaria contra la casta para criticar con acidez al Gobierno: “A pesar de que esgrimen la crisis económica que atraviesa la Argentina como causante para no recomponer los salarios: 1) Se han solventado festivales en la provincia; 2) Se ha producido el vergonzante nombramiento de funcionarios, asesores, fuera de nivel en un total de más de 300 en solo tres boletines, no habiendo cesado aún la publicación de designaciones, entre los cuales se encuentra un exministro, nombrado asesor en la misma categoría de ministro, a pesar de saber que se trata de un exitoso comerciante; 3) El excesivo e intolerable gasto en publicidad que llenan las páginas de los diarios papel y también en formato digital, la televisión y las redes sociales”.
