El Gobierno aceleró en las últimas horas una negociación con los diez gobernadores del norte del país para asegurar en el Senado la sanción del proyecto de Zonas Frías y abrir una discusión paralela sobre un régimen para las zonas cálidas. La estrategia oficial apunta a ordenar los dos debates por carriles distintos: conseguir primero el respaldo a la iniciativa que ya aprobó Diputados y habilitar después un canal legislativo específico para el reclamo de las provincias que enfrentan altos niveles de consumo eléctrico durante el verano.
El operativo político tuvo como principal articulador al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que según pudo confirmar Infobae mantuvo contactos permanentes durante el fin de semana con los gobernadores de la región para llegar con posiciones más alineadas a la reunión de este miércoles en Posadas. En la Casa Rosada consideran que el entendimiento puede cumplir una doble función: despejar un frente de conflicto con las provincias del norte y garantizar, al mismo tiempo, los votos que el oficialismo necesita en la Cámara alta para aprobar el proyecto de Zonas Frías sin introducir cambios que obliguen a devolverlo a Diputados.
La cumbre del Norte Grande tendrá un rasgo político singular. Está prevista la presencia de los diez gobernadores de la región, pese a las diferencias que mantienen entre sí y a sus distintos niveles de cercanía con el gobierno de Javier Milei. Participarán el anfitrión, el misionero Hugo Passalacqua; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Ricardo Quintela, de La Rioja, y Gildo Insfrán, de Formosa.
En paralelo con esa negociación, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán este jueves 13 de agosto a Catamarca para reunirse con Raúl Jalil y con Elías Suárez, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. El proyecto, financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), demandará $99.769 millones, tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y alcanzará a 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero a través de la construcción de dos plantas potabilizadoras y 50 kilómetros de acueducto.
La escala en Catamarca agrega un componente de gestión a la secuencia de conversaciones políticas que la Casa Rosada viene desarrollando con los gobernadores del Norte Grande. Mientras busca cerrar un acuerdo para encauzar el tratamiento legislativo de Zonas Frías, el Ejecutivo intenta exhibir al mismo tiempo avances en materia de infraestructura y financiamiento en provincias donde necesita construir interlocución estable. La presencia conjunta de Santilli y Caputo también muestra que la negociación con los mandatarios del norte dejó de ser un asunto limitado a la política parlamentaria y pasó a incorporar decisiones de gestión con impacto territorial.
La presencia de todos los gobernadores en Posadas le da al encuentro una fuerte densidad política. La convocatoria reúne desde mandatarios que construyeron canales de cooperación con la administración libertaria hasta dirigentes que sostienen una relación de abierta confrontación con la Casa Rosada. Entre estos últimos aparecen Ricardo Quintela, uno de los gobernadores que mantiene un enfrentamiento con Milei, y Elías Suárez, alineado con el liderazgo de Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Esa heterogeneidad convierte al reclamo energético en uno de los pocos temas con capacidad para ordenar una posición regional común entre administraciones con estrategias nacionales muy distintas.
Para el oficialismo, la reunión de Posadas también tendrá el valor de una prueba. Será el primer encuentro de estas características con gobernadores después del traspié que sufrió el Gobierno durante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa fue aprobada, pero el Ejecutivo debió resignar dos capítulos que consideraba prioritarios para reunir los votos necesarios y evitar que el proyecto completo quedara comprometido en el Congreso.
Uno de esos puntos proponía ampliar los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de inversores extranjeros, una modificación que había generado resistencia en varias provincias. El otro planteaba eliminar las restricciones para la venta de terrenos afectados por incendios. Ambos artículos quedaron fuera del texto final, en una señal que dejó expuesta la capacidad de los gobernadores para condicionar tramos centrales de la agenda oficial cuando sus intereses territoriales entran en juego.
Ese antecedente explica una parte del movimiento que Santilli desplegó durante el fin de semana. La negociación por Zonas Frías aparece en la Casa Rosada como una oportunidad para anticipar objeciones provinciales y construir un entendimiento antes de que el conflicto llegue al recinto. La fórmula que se discute consiste en separar el tratamiento del proyecto que ya tiene media sanción de Diputados del reclamo del Norte Grande por una tarifa diferencial para las provincias alcanzadas por temperaturas extremas durante el verano.
La diferencia con el episodio anterior es central para el Gobierno. En la discusión por la ley de tierras, las concesiones aparecieron en el curso de la negociación parlamentaria y obligaron al oficialismo a desprenderse de partes relevantes de su propuesta original. Esta vez, la intención es llegar al Senado con un acuerdo político previo y evitar que el reclamo del norte termine incorporado al texto o se transforme en un factor de demora para la aprobación definitiva.
El entendimiento que comenzó a delinearse en las últimas horas supone, en los hechos, dividir la discusión en dos etapas. La primera tendrá carácter inmediato y parlamentario: facilitar la sanción en el Senado del proyecto de Zonas Frías que ya pasó por Diputados. La segunda requerirá una elaboración específica y derivará en una nueva iniciativa para establecer condiciones diferenciales en aquellas provincias donde las temperaturas extremas empujan durante varios meses niveles extraordinarios de consumo eléctrico.
El planteo de los gobernadores del norte parte de una asimetría que buscan instalar en la discusión pública y legislativa. Mientras los regímenes asociados al frío reconocen el mayor consumo energético necesario para calefaccionar los hogares, las provincias del Norte Grande sostienen que el calor extremo produce durante el verano una exigencia comparable. En amplias zonas del norte argentino, el uso de sistemas de refrigeración deja de tener carácter accesorio y pasa a integrar el núcleo del consumo residencial de electricidad.
La intención oficial es que ese debate no interfiera en el tratamiento inmediato de Zonas Frías. Ese punto forma parte del núcleo político del entendimiento que Santilli busca cerrar con los gobernadores. En lugar de condicionar una iniciativa a la otra o de forzar modificaciones que obliguen a reabrir la discusión en Diputados, la alternativa que se analiza consiste en completar primero el trámite pendiente en el Senado y abrir después un expediente propio para las llamadas zonas cálidas.
Ese diseño permite entender la lógica de la negociación. No existe, al menos de manera formal, un intercambio directo entre un proyecto y otro, pero ambas discusiones empezaron a avanzar en paralelo. Los gobernadores tendrían así una vía para canalizar un reclamo que consideran estratégico para sus provincias, mientras el Gobierno podría despejar uno de los obstáculos políticos que enfrenta para completar la aprobación de Zonas Frías.
La jugada también le ofrece a la Casa Rosada un modo de evitar que la discusión por los subsidios derive en una confrontación entre regiones. El planteo apunta a instalar un criterio según el cual las necesidades derivadas del clima no son homogéneas en un país con diferencias térmicas tan marcadas. El problema que vendrá después será traducir ese principio en un esquema tarifario concreto y, sobre todo, determinar cuál será su costo fiscal y de qué manera se financiará.
Ese capítulo todavía forma parte de una etapa técnica. La reunión de Posadas tendrá, por eso, un contenido esencialmente político. Los gobernadores intentarán definir una posición regional antes de avanzar en una discusión más precisa sobre beneficiarios, períodos alcanzados, niveles de consumo y mecanismos de instrumentación de una eventual tarifa diferencial.
